MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo de expertos en política internacional International Crisis Group denuncia en su último informe sobre la República Democrática del Congo que "la consolidación de la democracia está paralizada en casi todos sus frentes" en el país africano desde la elección en 2006 del presidente Joseph Kabila, el primer mandatario democráticamente electo de la historia del país.
Cuatro años después, las libertades civiles se ven amenazadas con regularidad, no existe separación de poderes ni mecanismos para depurar responsabilidades, y tampoco se ha detectado progresos en las reformas institucionales relativas a la descentralización del poder y en el sector de seguridad, de acuerdo con el grupo de expertos.
El ICG insta a las autoridades políticas de la república a que "aceleren la transformación democrática y la consolidación institucional para 2010". De lo contrario, "los beneficios recogidos durante la transición podrían correr peligro, y la inversión internacional realizada en el país, verse desperdiciados", según el grupo.
De igual modo, la comunidad internacional debería centrar cualquier diálogo futuro con Kabila en dos cuestiones: democratización y reforma institucional. Llegado el caso, los donantes no deberían dudar en vincular sus envíos de ayuda al progreso que haga el Gobierno congoleño en ambas materias.
EN 2006
RDCongo cuenta con un presidente democráticamente electo respaldado por la constitución, adoptada en referéndum, más democrática de toda su historia; una carta magna que exigía reformas institucionales fundamentales para desarrollar un proyecto político cimentado al final de la guerra civil y según los principios ideados en la conferencia nacional de unidad desarrollada a finales de los años 90: un equilibrio de poder regulado por múltiples mecanismos de control institucional.
Cuatro años después de su elección, las promesas de cambio de Kabila han degenerado en un legado "abismal" por el que planea "imponer su poder en todas las ramas del estado y mantener redes paralelas en el proceso de toma de decisiones". Su régimen, a juicio del grupo, ha minado la independencia del poder Judicial mediante una campaña de corrupción "políticamente motivada" y ha eliminado a la oposición "con sobornos y amenazas".
El grupo describe "una tendencia autoritaria" en las decisiones de Kabila ante el "silencio mayoritario" de la comunidad internacional, que permanece impertérrita, según ICG, ante las peticiones de las autoridades congoleñas para que desaparezcan todos los indicios de "tutelaje internacional" que, según ellos "atentan contra su soberanía". El principal está representado por la Misión de la ONU en el país, la MONUC, de la que piden la retirada para el próximo verano de 2011.
De igual modo, las autoridades están inmersas en negociaciones para que se ratifique la recepción de un masivo paquete de ayuda internacional para el próximo 30 de junio, el 50 aniversario de su declaración de independencia.
En el contexto de las relaciones exteriores, ICG advierte de que, dadas "tensiones políticas internas" del país, la RDC es "propensa a la aparición de rebeliones locales alimentadas por el descontento". Por ello, recomienda una nueva estrategia internacional que "evite nuevos riesgos de desestabilización".
PROPUESTAS PARA LA "TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA"
El ICG recomienda que los preparativos para las elecciones generales de 2011 comiencen inmediatamente a través del establecimiento de la Comisión Electoral Nacional Independiente, sumado a un plan operativo para que los donantes internacionales contribuyan en la medida de lo posible a la fiabilidad del proceso electoral.
La lucha contra la corrupción debe "institucionalizarse" mediante una estrategia basada en los esfuerzos de la sociedad civil, refrendados en la aparición de "nuevas agencias independientes".
Se pide la garantía de los Derechos Fundamentales mediante la creación de una Comisión Nacional para los Derechos Humanos, tal y como se aboga en la Constitución. Hay que revisar el código penal para que coincida con los principios de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, limitar los poderes de la agencia nacional de inteligencia y aprobar inmediatamente una ley para la protección de periodistas, activistas pro Derechos Humanos, y víctimas o testigos de abusos.
El Gobierno está obligado a establecer una comisión de expertos "nacionales e internacionales" para establecer abiertamente "cuándo y cómo convocar elecciones locales", comicios que Kabila lleva postergando desde hace meses, y que, "de no poder ser convocadas antes de las elecciones generales, deberá elaborarse un nuevo calendario" al respecto.
En términos generales, Gobierno y comunidad internacional deben trabajar en el sector de seguridad para añadir una dimensión política a la aproximación actual, que se ha quedado en un mero plano técnico.
