Los tribunales de emergencia de Sudán condenan a penas de cárcel a 59 personas por manifestarse contra Al Bashir

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los recientemente creados tribunales de emergencia han condenado en las últimas horas a 59 personas por su participación en las manifestaciones contra el presidente del país, Omar Hasán al Bashir, según los medios locales.

Al Bashir declaró el 22 de febrero el estado de emergencia durante un periodo de un año y anunció la disolución del Gobierno federal y los gobiernos regionales, además de otras medidas adicionales desveladas el lunes para hacer frente a la ola de protestas contra él.

A pesar de ello, miles de personas volvieron a salir a las calles de varias ciudades del país durante la jornada del jueves, en la que fue la primera jornada de movilizaciones desde la entrada en vigor de estas medidas.

Dichas protestas se saldaron con varios cientos de detenidos, según ha recogido el portal local de noticias Sudan Tribune, que ha detallado que 59 de ellos fueron condenados horas después a penas de entre dos meses y siete años de cárcel por los citados tribunales de emergencia.

El viceministro primero Auad bin Uf argumentó el miércoles que estas medidas de emergencia no están dirigidas contra los manifestantes, sino que son una manera de "detener la destrucción de la economía".

Hasta el momento, las autoridades han contabilizado más de 30 muertos en el marco de las manifestaciones, incluidos dos policías. Grupos de Derechos Humanos estiman en al menos 40 los fallecidos durante estas protestas, las más importantes desde que Al Bashir llegó al poder en un golpe de Estado en 1989.

En discursos previos, Al Bashir ha responsabilizado de las protestas a "agentes" extranjeros y ha retado a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, ha advertido de que no permitirá ninguna 'Primavera Árabe', en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.

Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.