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NUEVA DELHI 12 Feb. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
El Tribunal Supremo de India ha aprobado una orden este jueves para que todos los estados del país elaboren una política común sobre las indemnizaciones económicas a las víctimas de violaciones y de otros abusos sexuales.
Los 29 estados y los siete territorios de India mucho en el tipo de apoyo que dan a las víctimas de la violencia sexual. En algunos estados, como por ejemplo Maharashtra, no dan compensación económica, mientras que otros, como Goa, ofrecen hasta un millón de rupias (13.000 euros), ha informado el alto tribunal.
"Todos los estados y territorios deben hacer todo lo posible para elaborar un programa uniforme para dar una compensación económica a las víctimas de explotación sexual o violación", ha asegurado los jueves M.Y. Eqbal y Arun Mishra en su orden.
"Desde luego que ninguna cantidad de dinero puede restaurar la dignidad y la confianza que los acusados arrebatan a las víctimas. Ninguna cantidad de dinero puede borrar el trauma y el dolor que sufre la víctima pero esta ayuda es crucial para las secuelas del crimen", han subrayado.
El Tribunal Supremo ha aprobado esta orden después de que un hombre condenado a siete años de cárcel en la prisión estatal de Chhattisgarh por explotación sexual de una niña ciega y promesas falsas de matrimonio pidiera una reducción de su pena.
El juez rechazó el alegato y ordenó al Gobierno de Chhattisgarh que pagara a la víctima 8.000 rupias (103 euros) al mes durante el resto de su vida.
ACTITUDES CONSERVADORAS
Activistas y abogados han denunciado que las actitudes conservadoras y patriarcales del país hacen que, en muchas ocasiones, las víctimas de abusos sean rechazadas por sus propias familias y comunidades y culpadas del ataque. Además, muchas no pueden permitirse pagar las tasas legales para reclamar justicia en un sistema judicial que puede tardar años en dar un veredicto.
En 2014, el número de violaciones en India aumentó en un 9 por ciento, alcanzando las 33.707 víctimas, de acuerdo con los últimos datos del Registro Nacional de Delitos.
Las grandes manifestaciones causadas por la violación en grupo de una mujer en un autobús en Nueva Delhi en 2012 llevaron al Gobierno a aprobar penas más severas contra los culpables de crímenes de género.
El Gobierno aprobó la sentencia de muerte para los violadores reincidentes, criminalizó el acoso y el voyerismo y definió como delitos los ataques con ácido y el tráfico de personas.
Desde entonces, el aumento de la información en los medios, las campañas del Gobierno y los programas de la sociedad civil han aumentado la conciencia pública sobre los derechos de las mujeres y se ha elevado el número de denuncias de las víctimas de abusos.
Sin embargo, grupos defensores de los derechos de las mujeres han señalado que todavía se subestiman las cifras y que muchas víctimas son reacias a denunciar por la presión social y económica.