BRUSELAS, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea presentó hoy una iniciativa para que los lobbies que trabajan en Bruselas registren sus objetivos y sus principales fuentes de financiación. Esta medida es "voluntaria", pero el Ejecutivo comunitario advierte que los grupos de presión que no se registren no serán tenidos en cuenta en las consultas que suele celebrar Bruselas con los sectores afectados antes de elaborar propuestas legislativas.
El comisario de Asuntos Administrativos y Lucha contra el Fraude, Siim Kallas, presentó este miércoles en rueda de prensa un registro en el que la Comisión "invita" a inscribirse a compañías, consultoras, empresas de relaciones públicas, bufetes de abogados, organizaciones no gubernamentales (ONG) y "think tanks".
Dentro de las entidades que Bruselas considera "grupos de presión" figuran también las oficinas que tienen las distintas regiones de la UE --también las comunidades autónomas españolas-- en Bruselas. Según dijo el comisario, "algunas de sus actitudes son muy similares a las de los grupos de presión".
Este método es "voluntario", pero la Comisión explicó en un comunicado que la no participación de los grupos de presión en él puede tener consecuencias a la hora de tenerlos en cuenta en la preparación de legislación y en las consultas previas que lanza entre el sector que vaya a verse afectado para conocer su opinión.
El Ejecutivo comunitario se ciñe al respeto de la no discriminación entre unas organizaciones y otras, pero afirma que "sin embargo, tener suficiente información sobre las organizaciones que participan en una consulta es una precondición para evaluar la relevancia y utilidad de sus contribuciones".
"Esto significa que las contribuciones recibidas de organizaciones no registradas no pueden ser tenidas en cuenta como representativas del sector, serán consideradas como contribuciones de individuos", añade.
La Comisión admite que "la principal fuente de sospecha pública está ligada al dinero" y con esta idea pretende de dotar de legitimidad el trabajo de los grupos de presión. Según indica en un comunicado, será una oportunidad de "subrayar que ejercer presión en las instituciones de la UE es una actividad legítima y útil y que se puede someter al pleno escrutinio público".
En este sentido, el objetivo último del registro de los grupos de presión "no es obtener datos confidenciales" de los mismos, "sino un ejercicio de credibilidad de los lobbies como elemento importante en el proceso de toma de decisiones, en particular en la CE", dijo el comisario.
Kallas afirmó que el sistema que se propone es "voluntario" y se basa en la "autorregulación" de cada grupo de presión. Según explicó no se propone un mecanismo jurídicamente vinculante, principalmente porque elaborar una ley para regular el trabajo de los grupos de presión en Bruselas llevaría "mucho tiempo y esfuerzo" y el comisario calcula que no estaría terminada para el término del mandato de la actual Comisión, 2009.
No obstante, consideró como "opción posible" regular este ámbito a partir de 2009. "Si no logramos buenos resultados con la vía voluntaria, habrá que estudiar otras opciones", dijo.
REPRESENTADOS Y RECURSOS
De momento, el plan de la Comisión pasa por la creación de un registro donde los grupos de presión deberán dejar constancia de a quién representan, cuáles son sus objetivos y quienes son los clientes que les proveen de sus principales fuentes de financiación.
Como hay distintos tipos de lobby, la Comisión diferencia también entre las informaciones que éstos tendrán que trasladar a Bruselas por lo que respecta a su sustento financiero. En todos los casos, Bruselas reitera su "confianza" en las organizaciones y deja a ellas la labor de determinar estos datos.
Así, a las consultoras profesionales y bufetes se pedirá qué cantidad de su cifra total de negocios está ligada a la actividad de ejercer presión sobre las instituciones de la UE, así como el peso relativo de sus distintos clientes en dicha cifra de negocios.
Los "lobbistas" internos y asociaciones comerciales activas en este sector tendrán que aportar información sobre el coste estimado de las actividades de presión que ejercen. Aquellas grandes compañías que ejerzan el lobby de manera individual tendrán que calcular los recursos que gastan en ello. Por último, a las ONG y "think tanks" se les pedirá el presupuesto y principales fuentes de financiación, entre las que también figuran las donaciones y cuotas de los socios.
SANCIONES
Este registro se acompañará de un código de conducta que está redactando la Comisión en "estrecho contacto" con las partes interesadas y que las asociaciones registradas tendrán que cumplir. En caso de no respeto de estas normas, la Comisión propone dos tipos de "sanciones".
Por un lado, se excluirá al organismo en cuestión del registro, lo que supondrá que ya no será considerado como una parte interesada en un ámbito determinado a la hora de que la Comisión pregunte la opinión de ese sector en la preparación, por ejemplo, de una ley. La segunda consecuencia sería el "descrédito" que sufrirá tal asociación por haber sido excluida del registro debido al incumplimiento del código de conducta.
Kallas descartó en cualquier caso que este mecanismo implique ningún recurso ante los tribunales. "Son procedimientos internos de la Comisión, no planteamos que se involucre a los tribunales", dijo.
