BRUSELAS, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, anunció hoy que ha abierto una investigación para determinar si la Comisión Europea actuó correctamente al no expedientar a las autoridades españolas por su decisión de autorizar el desarrollo de un puerto industrial en Granadilla, en la isla de Tenerife.
El Ejecutivo comunitario tramitó una serie de quejas formales sobre este proyecto y finalmente concluyó que su desarrollo no infringiría la legislación medioambiental comunitaria, en particular la directiva sobre conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.
El Defensor del Pueblo ha recibido unas 5.000 reclamaciones sobre este asunto, el mayor envío masivo hasta la fecha. Los denunciantes alegan, en términos generales, que la Comisión no ha tenido en cuenta la existencia de posibles alternativas al proyecto, y le ha dado su visto bueno pese a reconocer sus impactos negativos.
Por ello, Diamandouros ha decidido abrir una investigación de oficio respecto a la actuación del Ejecutivo comunitario, en su papel de guardián del Tratado, en relación al desarrollo del puerto industrial de Granadilla.
"Al adoptar mi decisión, he tenido en consideración el elevado número de reclamaciones recibidas, que parecería pone de manifiesto la insatisfacción pública sobre la actuación de la Comisión en este tema, por lo que sería recomendable que la institución pudiese explicar al público su posición al respecto", dijo el Defensor en una carta remitida al presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.
Bruselas debe dar explicaciones por escrito antes del 30 de abril de 2006. El defensor subraya que su investigación no está relacionada con los méritos del proyecto, ni pretende pronunciarse sobre si debe o no llevarse a cabo, sino que tiene por objeto investigar la actuación de la Comisión en su papel de guardiana del Tratado.
