MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Distintas ONG y asociaciones británicas han iniciado un procedimiento de revisión judicial contra el intento de deportar a Ruanda solicitantes de asilo, entre ellos menores no acompañados, un plan propuesto por el Ejecutivo del primer ministro británico, Boris Johnson.
En concreto, la iniciativa ha sido puesta en marcha por el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), la organización benéfica Care4Calais y el grupo de presión Detention Action, junto con cuatro solicitantes de asilo que enfrentan la expulsión al estado de África oriental, según ha informado el diario 'The Guardian'.
Las organizaciones buscan saber, con esta acción, si Ruanda es "un tercer país seguro", así como las condiciones sanitarias del lugar, especialmente por la propagación de la malaria, así como la situación de los Derechos Humanos en la nación africano.
La organización benéfica para refugiados Care4Calais está actualmente involucrada en una disputa con el Ministerio del Interior sobre dos adolescentes a quienes se les emitieron avisos de expulsión. Mientras que los niños dicen que tienen 16 años, el Ministerio del Interior, después de realizar evaluaciones de edad, afirma que tienen 23 y 26 años respectivamente.
"Es esencial que se realicen evaluaciones de edad adecuadas antes de que se lleve a cabo cualquier deportación", declaró la organización benéfica en un comunicado. "Uno de los jóvenes de 16 años vio cómo mataban a su hermano frente a él cuando su pueblo fue asaltado en Sudán. Escapó y regresó más tarde para descubrir que todo el pueblo había desaparecido", añadió.
La organización benéfica contra la trata de personas Love146 UK también expresó su alarma por el sistema de evaluación de la edad del gobierno para los solicitantes de asilo. Su responsable de campaña, Daniel Sohege, aseguró al diario 'The Guardian' que la organización benéfica constata que niños "de tan solo 14 años siendo evaluados incorrectamente como 23".
El plan ya ha enfrentado varias acciones legales, como la presentada por el bufete de abogados 'InstaLaw', que afirma que el proyecto es contrario al Derecho Humanitario y a la convención de la ONU sobre los refugiados, además de infringir la ley británica de protección de datos.
Otra organización benéfica, Freedom for Torture, también se espera que se pronuncie legalmente, aunque ya lo hizo a través de las redes sociales al señalar a distintas aerolíneas que participaban en el traslado de los solicitantes de asilo.
Según confirmó el diario 'Daily Mail' esta semana, el Ministerio del Interior ha seleccionado a 130 personas para llevar a cabo la operación el próximo martes, aunque los abogados de 80 de ellos ya han presentado denuncias.
El acuerdo con Ruanda permitirá a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. El acuerdo está dotado con 120 millones de libras --144 millones de euros-- y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.
El año pasado, el Gobierno británico expresó su preocupación por las "continuadas restricciones a los derechos civiles y políticos y a la libertad de prensa" en Ruanda, en una intervención ante Naciones Unidas. No obstante, Johnson ha dicho de Ruanda que es uno de los países más seguros del mundo.
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