MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que en Zimbabue se siguen produciendo violaciones de Derechos Humanos, como torturas, hostigamientos y persecuciones políticas, cuando ya ha pasado un año de los acuerdos que dieron lugar a la creación del gobierno de unidad, y ha pedido al presidente, Robert Mugabe, y al primer ministro, Morgan Tsvangirai, que "cumplan su promesa de reformar las instituciones estatales" para poner fin a los abusos.
Según la organización, a lo largo de este año "se ha seguido torturando, hostigando y persiguiendo por motivos políticos" a los defensores de Derechos Humanos y a los opositores, mientras que los habitantes de las zonas rurales del país se han visto "continuamente intimidados" por los simpatizantes del antiguo partido en el gobierno, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF).
"Se ha permitido que la Fiscalía General, la Policía y el Ejército sigan violando libremente los Derechos Humanos", declaró el director del Programa de África de Amnistía Internacional, Erwin van der Borght. "Mientras se siga aplazando la reforma, la situación en Zimbabue continuará siendo frágil, porque los responsables seguirán eludiendo la justicia y recibiendo carta blanca para seguir violando los Derechos Humanos", agregó.
"El Gobierno debe acabar con el hostigamiento incesante a los activistas de Derechos Humanos y debe dar los pasos necesarios para proteger firmemente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica", advirtió Erwin van der Borght.
EJÉRCITO, INTELIGENCIA, FISCALÍA Y POLICÍA
Según AI, el Ejército y los servicios de inteligencia de Zimbabue, así como la Fiscalía General, han seguido bajo el control de la ZANU-PF, conforme a lo dispuesto en el acuerdo de 2008 auspiciado por la Comunidad para el Desarrollo del África Austral. La Policía está dirigida por ministros de la ZANU-PF y del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), de Tsvangirai.
"El presidente Mugabe y la ZANU-PF tienen la responsabilidad de garantizar que las principales instituciones que están bajo su control van a ser reformadas para acabar con la cultura de impunidad que sigue amenazando la estabilidad del país", manifestó Erwin van der Borght.
Hasta el momento, según AI, el Gobierno no ha investigado las violaciones graves de Derechos Humanos presuntamente perpetrados por las fuerzas de seguridad en las fechas previas a la segunda ronda de las elecciones presidenciales de 2008, y que causaron la muerte al menos a 200 personas, heridas a más de 9.000 y provocaron que decenas de miles fueran desplazadas. "El gobierno de unidad debe investigar las denuncias pasadas y presentes de violaciones de Derechos Humanos a manos de agentes de seguridad del Estado, entre los que se incluye la tortura y los malos tratos a personas detenidas", declaró Erwin van der Borght.
