SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de hasta 52 años de prisión para 12 personas por el 'caso Las Teresitas', entre ellos el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo --ya condenado por el mamotreto--, por el que solicita ocho años.
El escrito, tramitado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, al amparo del artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa la apertura del Juicio oral a celebrar ante la Audiencia Provincial.
Entre los afectados por la compraventa del frente de playa se encuentran también los exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), para quienes solicita cuatro años de cárcel, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González de Inversiones Las Teresitas, y técnicos municipales, entre otros, todos con cuatro años de prisión.
En la causa quedó fuera el exalcalde Miguel Zerolo por su condición de aforado debido a su cargo de senador --que dejó a final del año pasado-- con lo que su causa pasó al Tribunal Supremo.
A Parejo se le acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en concepto de autor, apareciendo el resto como cooperadores necesarios o inductores.
Al margen de la pena de prisión, la Fiscalía también solicita inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez años para Manuel Parejo, ocho años para García Gómez y Fresco, y siete para José Tomás Martín (gerente de Urbanismo); Juan Víctor Reyes (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo); Eugenio de Zárate (secretario general del Ayuntamiento); Antonio Messia y José Luis Roca, responsables de Intervención.
Para los responsables de Inversiones Las Teresitas Ignacio González, Antonio Plasencia, Carlos Plasencia y Pedro González, la Fiscalía también pide la inhabilitación absoluta por un periodo de diez años.
El escrito de acusación reconoce la actuación de los doce acusados como "antieconómica e irracional" en la fijación del precio pagado por las once parcelas del frente de playa, y cifra en 39,4 millones el perjuicio para las arcas municipales --fueron adquiridas por 52,5 millones cuando hasta cuatro informes fijaban un precio inferior--.
