Un profesor imparte docencia en un aula. - UCO
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Directores de Canarias ha exigido este viernes en el Parlamento de Canarias la aprobación de una ley de autoridad del profesorado ante el incremento de "insultos, amenazas, acoso y agresiones" que hay en los centros educativos.
En una comparecencia ante la comisión de Educación se han mostrado a favor de la proposición de ley que promueven los grupos del cuatripartito pero al mismo tiempo han exigido "recursos y protección" para que la autoridad docente sea posible y la norma no quede "solo en palabras".
Una de las portavoces, Carmen Terrón, ha advertido también de la "violencia silenciosa" de tener que "justificar constantemente" cada decisión pedagógica lo que genera "desgaste, miedo e inseguridad" entre los docentes.
En esa línea ha apuntado que "las familias tienen derecho a preguntar, tienen derecho a discrepar, a reclamar y a pedir explicaciones pero discrepar no significa insultar, reclamar no significa amenazar y cuestionar una decisión no puede significar desacreditar o acosar a un profesional".
Por ello ha dicho que necesitan "protección jurídica real, asesoramiento inmediato, apoyo psicológico, protocolos claros ante agresiones de cualquier tipo, respaldo institucional y procedimientos rápidos".
Ha indicado que "hay temor a las consecuencias" ante la toma de decisiones e insistido en que hay que defender la "convivencia" en los centros. "El respeto y la seguridad del profesorado no es una reivindicación corporativa, es una condición indispensable para poder educar", ha explicado.
En ese sentido ha destacado que una familia "tiene derecho a conocer lo ocurrido, ser escuchada, reclamar" pero no puede haber "intimidación" para los profesores, que cada día intervienen con familiares con mucho "estrés" debido a comentarios de grupos de 'whatsapp' por ejemplo.
María Cristina Molowny ha comentado que la futura ley debe "complementarse" con la ley de diversidad ya que en un centro ordinario la conducta disruptiva "constituye una falta disciplinaria" pero en el caso del alumnado con NEAE, dicha conducta es la manifestación de su propia discapacidad.
Ha apuntado que en los centros de educación especial se vive una "violencia silenciada y normalizada" con agresiones, insultos y amenazas y aunque ha aumentado el personal con terapeutas ocupacionales y enfermeras, también el porcentaje de alumnado con grandes necesidades de apoyo ha crecido.
"El objetivo final es lograr que el aula sea un entorno seguro, tanto para el docente que necesita protección y recursos, como para el alumnado con discapacidad que merece una educación inclusiva, justa y no discriminatoria", ha explicado.
REFORZAR LÍMITES, CONVIVENCIA Y RESPETO
Sara Lázaro, que ha puesto sobre la mesa la realidad de los centros de Secundaria, ha insistido en reforzar "límites, convivencia y respeto" pero ha lamentado el "tiempo" que se consume en trabajar con los alumnos las malas conductas.
Además se ha preguntado por qué no se han cubierto muchas plazas en el proceso de selección de directores.
Francisco Ruiz, en representación de la modalidad de enseñanzas posobligatorias, ha comentado que los centros son "cada vez más complejos" y entiende que la autoridad del profesor se "debilita" cuando percibe que la dirección no puede respaldarlo.
"Pero puede ser todavía peor, que es cuando la administración tampoco lo respalda y ahí es cuando la autoridad de la dirección también se debilita", ha afirmado.
En esa línea ha comentado que no se puede pedir al director "ser líder pedagógico, gestor administrativo, contable, responsable de convivencia, mediador e interlocutor con la familia y además gestionar una carga burocrática cada vez más creciente".
Ha demandado que la futura ley refuerce una "cadena de respaldo" que apuntale la autoridad del docente y que se reduzca de forma drástica la burocracia al tiempo que ve a los directores como "especies en extinción" debido a la falta de estímulos para ocupar ese cargo.
La proposición de ley se va a debatir la próxima semana en comisión parlamentaria y tanto PSOE como NC-bc han advertido de que la nueva norma "legislar sobre lo ya legislado", tal y como han reconocido Consejo Escolar y Consultivo de ahí que duden de sus efectos reales.
