El letrado confía en que se anule el auto y los propietarios insisten en que se han mantenido negociaciones con las administraciones
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los empresarios de las empresas situadas en la Finca de Riquel en el municipio tinerfeño de Icod de Los Vinos han recurrido el auto judicial que anuncia el cierre cautelar y el precinto de dos desgüaces de vehículos, dos canteras de áridos y una hormigonera en esta zona por "presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", recogidos en el Código Penal.
"El recurso de los empresarios se basa tanto en consideraciones jurídicas como políticas y sociales", según informaron hoy los empresarios adscritos a la Confederación Canaria de Asociación de Profesionales (Concap) en un comunicado.
En este sentido, el letrado de los empresarios, Juan Manuel Fernández del Torco, ha considerado que el Ministerio Fiscal apoyará el recurso interpuesto en base a que se está adoptando una medida, la suspensión de actividades, que no está prevista en el Código Penal, "con una urgencia que no procede" porque las actividades empresariales llevan más de diez años realizándose y con el problema de índole social que puede acarrear la inexistencia de soluciones por parte de las administraciones públicas implicadas y la consiguiente pérdida de cerca de 400 puestos de trabajo directos y 800 indirectos y la paralización del 85 por ciento del reciclaje de automóviles de la isla y de las obras del puerto de Garachico y del tramo norte del anillo insular.
La historia judicial de El Riquel arranca de 2004, porque si se hablara de El Riquel como 'lazareto de la zona' sería preciso remontarse a la segunda mitad del siglo XX. En el sumario abierto en 2004, prestaron declaración como imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio los representantes de cuatro empresas y el entonces alcalde de la localidad.
Como resultado, se iniciaron negociaciones con los representantes de las administraciones públicas implicadas: Gobierno de Canarias, para quien El Riquel es una zona de extracción minera; Cabildo de Tenerife que califica igual a dicha zona en el PIOT y la contempla como zona apta para el reciclaje en el PTEOR y el Ayuntamiento.
En estas negociaciones, la administración local se comprometía a facilitar a los empresarios un lugar en el que instalar unas industrias que son absolutamente necesarias para la zona norte y, por su parte, los empresarios presentaron al ayuntamiento varios proyectos que permitían la recuperación y rehabilitación como espacio público de El Riquel porque ellos, con empresas dedicadas al reciclaje, "son los primeros interesados en que se resuelva este asunto no sólo desde el punto de vista empresarial sino también como muestra de su respeto y cuidado del medio ambiente isleño".
El acuerdo contemplaba que los empresarios continuarán realizando su actividad en la zona hasta que se obtuvieran los terrenos necesarios para el traslado de las empresas porque, sin generalizar al respecto, algunas de ellas, como es el caso de Desguaces Tenerife, sí tienen licencia municipal para realizar su actividad, una licencia provisional que data del año 1981 y que no ha sido en ningún momento revocada por el Ayuntamiento icodense, además de acuerdos con 24 ayuntamientos de Tenerife para reciclar los automóviles que, por ejemplo, dejan los planes Renove.
PEDIR LA ANULACIÓN DEL AUTO
La situación actual se produce cuando el Ministerio Fiscal solicita que se aúnen en uno sólo los dos procesos judiciales abiertos en los Juzgados número 1 y 2 de Icod y pide, el pasado viernes, el precinto de la maquinaria y la suspensión de actividades, algo a lo que la jueza titular del Juzgado número 1 ha accedido poniendo día y hora a dicho precinto.
Ante esa situación, los empresarios presentaron el lunes un recurso de reforma porque la medida de la suspensión de actividad no está prevista en el código penal, sino el cierre del establecimiento, local o industria, "sin perjuicio de que se pida también la nulidad del auto porque la medida se ha tomado sin dar audiencia a los afectados (incluido el entonces alcalde de Icod de los Vinos que también tiene orden de suspender su actividad) lo que conlleva indefensión".
Sin embargo, además del problema empresarial y judicial, la cuestión de El Riquel tiene una vertiente más: la social --según el comunicado-- en la que están implicadas las administraciones públicas y que afecta a los trabajadores que pueden perder su empleo porque las administraciones no han ofrecido una alternativa a las empresas a las que se ha pedido paciencia y contención hasta que se encontrara un terreno apto para realizar su actividad y al que la maraña legislativa de las administraciones diera el visto bueno.
