LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha expuesto este lunes el rechazo del Consejo de Gobierno a tramitar la Proposición de Ley (PL) 37 propuesta por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC), ya que apuntó que el Ejecutivo canario trabaja en un acuerdo que nace de la mesa de concertación social.
Valido ha incidido en que se trata de un acuerdo que "no es un acuerdo caprichoso" ni del Gobierno regional ni de ella misma, sino que surge de la mesa de concertación social --con empresarios y sindicatos-- y donde aseguró que se han hecho "muchos números" para tener una Prestación Canaria de Inserción (PCI) "garantizada" en el transcurso de su transición hacia la Renta Canaria de Inserción.
Así, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que han hecho un análisis "muy realista" de la situación, planteando una transición de la PCI a la Renta de cuatro a cinco años.
En este sentido, expuso que en el acuerdo que nace de la mesa de concertación social se especifica que para hacer efectivo el derecho a una renta de ciudadanía, recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, y en el marco de la proyectada Ley de Servicios Sociales, debe llevarse a cabo la modificación de la PCI alineada con unos parámetros económicos y presupuestarios sostenibles en el marco de un escenario presupuestario plurianual.
Al respecto, apuntó que el objetivo planteado es el de hacer converger a Canarias en la media estatal del gasto social del resto del Estado en cinco años, acompañada de un avance socioeconómico.
La consejera consideró que se están "dando los pasos necesarios para que, de manera firme y gradual", se tenga una renta ciudadana "digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia". Agregó que la Renta Canaria de Inclusión "dará estabilidad y sosiego a alrededor de 32.000 familias".
En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, que es de aproximadamente 62 millones, "si se contabiliza la inversión en ayudas, gastos de personal y programas de inserción".
La consejera defendió la hoja de ruta marcada donde, matizó, el primer colectivo beneficiado será el de las familias con hijos a cargo y sin rentas. Posteriormente, y de forma progresiva, se irá incorporando a la permanencia en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos o las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.
Además, indicó que como novedad se incorpora, de forma excepcional, la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media está en la actualidad en 650,95 euros (depende del número de miembros de la unidad familiar). Apartado en el que también se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.
Por último, Valido admitió que "todo pasa por la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Servicios Sociales, que ya se tramita desde el pasado 18 de enero, que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción que tiene un presupuesto aprobado de 56 millones de euros solo en ayudas económicas", sin contar personal ni programas de inclusión.
