El Gobierno inicia una inspección urgente de las actuaciones de la Dirección General de Ganadería

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, como responsable del control de la eficiencia, eficacia y legalidad de los servicios públicos, ha acordado la iniciación de una inspección extraordinaria y urgente como consecuencia del llamado 'caso Mediador' y que comprende todas las actuaciones de la Dirección General de Ganadería desde el año 2019, encomendando esta función a los servicios técnicos de la Inspección General de Servicios, que depende de la Dirección General de Modernización.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero responsable del Área y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, quien también ha informado de que dicho departamento, en su responsabilidad de gestora de las comunicaciones electrónicas de la comunidad autónoma, ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga esta supuesta trama de corrupción, unos soportes informáticos para acceder a comunicaciones corporativas de los ex directores generales de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes.

Por otra parte, el portavoz ha comunicado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha contestado "en su totalidad" al requerimiento hecho por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, el cual solicitó que le remitiera una serie de expedientes relacionados con cuatro empresas desde el año 2016.

En este sentido, Julio Pérez indicó que la Consejería que dirige Alicia Vanoostende ha informado de que en esta primera averiguación no se ha constatado la existencia de un perjuicio para el erario de la comunidad autónoma, es decir, "no ha aparecido ninguna señal, ni siquiera indiciaria, de que en algún procedimiento falte dinero, se haya producido una minoración o algún daño al interés público", señaló el portavoz del Ejecutivo canario.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo canario también apuntó que la Inspección General de Servicios tampoco ha encontrado "ni un daño, ni un perjuicio", lo que ha hecho que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias hayan concluido que el Ejecutivo no pueda personarse como perjudicado ante la autoridad instructora en la causa por el 'caso Mediador'. No obstante, Julio Pérez apuntó que el Gobierno de Canarias no descarta personarse en esta causa en cuanto se constate que hay un perjuicio o un daño a los intereses públicos.

Por otra parte, ha informado de que los servicios jurídicos han contestado a la solicitud del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que ejercieran las acciones legales pertinentes en defensa de su propio prestigio y honor, al entender que habían sido lesionados por algunas de las manifestaciones vertidas en la prensa por Antonio Navarro Tacoronte, presunto mediador de esta trama de corrupción.

Así pues, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma han determinado que esa es una actuación que incumbe a la persona del presidente y no a la institución de la Presidencia. Por tanto, es el presidente el que, si lo estima, deberá ejercer las acciones legales que considere convenientes para defender su honor. También ha anunciado que una consejera del Gobierno ya se ha querellado contra Navarro Tacoronte por sus acusaciones contra ella.