LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha señalado este martes que la indemnización por la paralización de la obra de la Pasarela Onda Atlántica podría suponer a las arcas municipales una indemnización de 508.000 euros.
Así, explicó que la obra "fue suspendida por decisión del gobierno local entre noviembre de 2018 y julio de 2019, decisión que ni el alcalde Hidalgo, ni el concejal responsable Doreste, trasladaron a los ciudadanos".
En este sentido, apuntó que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y su equipo de gobierno "se habían negado a reconocer que habían sido ellos quienes pidieron paralizar la obra de la pasarela, con el objeto de redactar un modificado del proyecto, información que no se trasladó a nadie".
Por ello, dijo, ha tenido que ser el PP "quien cuente la verdad sobre otra obra gestionada de forma desastrosa por el PSOE local", según informó el PP en nota de prensa.
Luzardo acusó a Hidalgo de mentir "de forma descarada y sin ponerse rojo", ya que indicó que a pesar de las preguntas "de la oposición, los medios y la ciudadanía acerca de por qué no había nadie trabajando en la pasarela, la única excusa era tirar balones fuera y culpar" a la empresa adjudicataria o acudir a problemas de logística en el Puerto.
De todos modos, consideró que la situación "es aún más grave" porque el alcalde "ha llegado a visitar la obra durante la suspensión temporal de los trabajos y afirmó sin ruborizarse que iba en plazo y que acabaría según lo previsto", de ahí que Luzardo apuntó que Augusto Hidalgo "además de sonreír, lo que sabe hacer bien es mentir".
Luzardo informó de que debido a la suspensión parcial "forzosa", la empresa adjudicataria ha iniciado una reclamación al Ayuntamiento de más de 500.000 euros, ya que para "entonces había contratado a empleados, alquilado maquinaria o encargado las piezas metálicas a una empresa sevillana que integrarían la onda, y que debieron almacenarse en la península a razón de 10.000 euros al mes a la espera de la reactivación".
Sobre ello, expuso que mientras que la empresa reclama más de medio millón de euros, el Ayuntamiento admite gastos por esos meses de "inactividad de tan solo 8.929,42 euros, así que la vía judicial es más que probable", según Luzardo que agregó que "no hay ni una obra en la ciudad que este gobierno no convierta en un lío monumental".
