El Parlamento canario recomienda 'test de encaje', más control y reforma de la ley de contratos ante futuras pandemias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en pandemia recomienda aumentar la transparencia y los controles de legalidad en caso de futuras emergencias sanitarias y reformar el artículo 120 de la ley de contratos del sector público.

El dictamen, aprobado esta semana en el Pleno del Parlamento por CC, PP, Vox y AHI, y el rechazo de PSOE, NC-bc y ASG, que emitieron un voto particular, incluye el llamado 'test de encaje' que implica que antes de decretar una contratación de emergencia, la administración está obligada a descartar soluciones en tres niveles.

Así, el primero es saber si se puede resolver con medios propios o acuerdos marco; el segundo, con la tramitación de urgencia ordinaria y solo en último término, se abriría la vía de emergencia.

También propone justificar claramente la necesidad del contrato, la relación causa-efecto, la idoneidad del proveedor y la razonabilidad del precio, lo mismo que implantar un sistema de trazabilidad con un expediente mínimo de contactos, ofertas, encargos, y facturas en un plazo máximo de un mes desde el acuerdo.

El documento, recogido por Europa Press, aboga también por crear un registro cronológico interno que incluya reuniones y negociaciones con intermediarios o terceros para evitar canales de decisión paralelos o informales, una plataforma única de publicación de contratos más un portal de seguimiento de fondos en tiempo real y fijar controles específicos contra el conflicto de intereses, intermediarios innecesarios y precios fuera de mercado.

La Cámara propone, asimismo, definir claramente qué órganos asumen las compras, activar equipos especializados si es necesario, aumentar los controles sobre pagos anticipados, verificar la solvencia de los proveedores (creando un registro de operadores aptos) e implementar controles de integridad para evitar conflictos de interés o precios inflados.

En esa línea también pide al Gobierno regional dotar de más medios humanos y tecnológicos a la Intervención General para fiscalizar contratos a partir de ciertos umbrales económicos; revisar los decretos de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica y la estructura de respuesta a emergencias y crear un comité multidisciplinar basado en los estándares del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS.

Al Estado, aparte de modificar el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para adaptarlo a grandes emergencias, se le pide que las comisiones de investigación puedan acceder de forma confidencial y proporcional a la información fiscal de personas físicas o jurídicas vinculadas directamente al caso investigado, fomentar a producción nacional de material sanitario y regular con precios de referencia los suministros críticos.

TORRES Y OLIVERA, SEÑALADOS

El dictamen atribuye la responsabilidad política de las contrataciones en pandemia al expresidente canario, Ángel Víctor Torres, el exdirector del SCS, Antonio Olivera y los exconsejeros Julio Pérez y Blas Trujillo aunque al mismo tiempo reconoce que solo un contrato, de 1.390 estudiados, el de RR7, presenta irregularidades y supone una "quiebra gravísima" de control político sobre fondos públicos esenciales pues se abonaron cuatro millones por adelantado, en dos pagos, por un millón de mascarillas que no fueron entregadas.

Además, la comisión concluye que la reacción del Ejecutivo fue "tardía, insuficiente y políticamente inaceptable" y entiende que la responsabilidad gubernamental "no puede descargarse en exclusiva sobre la firma técnica ni sobre niveles inferiores".

En cuanto al contrato de Soluciones de Gestión, por importe de 12,2 millones, la comisión entiende que Olivera desempeñó un papel político "activo, concreto y continuado" mientras que Torres siguió e impulsó personalmente actuaciones "incompatibles" con la posición de un presidente.

No obstante, relata que los encargos son "intachables" desde el punto de vista administrativo y aumentaron la protección de los trabajadores sanitarios, aparte de que los cuatro pagos se hicieron siempre una vez recibido el material.

Sobre Megalab (5,8 millones), la comisión apunta que se confirma un patrón de acceso "privilegiado" a la red gubernamental pero también destaca la solvencia de la empresa, que no hay "ningún indicio" de irregularidad y tuvo un impacto social muy positivo al permitir, vía test, los reencuentros entre familiares y evitar al menos 83 fallecimientos.