SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los letrados del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias se personarán, el próximo lunes, en las dependencias del juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, para denunciar la injerencia de este órgano judicial en la autonomía de la Cámara regional. Los representantes legales del Parlamento autonómico acuden a la citación con el fin de personarse en el contencioso e instar las acciones oportunas en defensa de la autonomía del legislativo.
El Parlamento responde así a la comparecencia exigida en el auto de Lo Contencioso Administrativo del magistrado Francisco Plata. Esta resolución se produjo el pasado 31 de enero, horas después, de que el ex director general regional de Industria en el Gobierno de Canarias y uno de los principales imputados en el caso eólico, Celso Perdomo, demandará al presidente del Parlamento, Gabriel Mato, con el fin de impedir la comparecencia de Perdomo en la comisión de investigación.
El auto no logró su objetivo y la Mesa y la Junta de Portavoces adoptó un acuerdo, cuyo contenido servirá de hilo conductor, el próximo lunes, a los letrados del Parlamento. En el mismo se manifestaba, "de la forma más contundente y enérgica," su protesta y se evidenciaba la "estupefacción" de los órganos de gobierno y representación de la Cámara ante la medida cautelar acordada por el juzgado, al "afectar" la celebración de la sesión de una comisión parlamentaria de investigación, constituida en el seno de la Cámara, "y válidamente convocada".
La Mesa consideraba que dicha medida constituía una "grave lesión del principio constitucional de separación de poderes" así como una "inadmisible interferencia en el ejercicio de la autonomía que asiste al órgano representativo del pueblo canario para el normal desarrollo de aquellas funciones que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Canarias y que se desarrollan en el reglamento de la Cámara, norma con rango de ley, generando con ello un precedente gravísimo de obstaculización de la labor parlamentaria, amén de la vulneración del derecho fundamental que asiste a los diputado del Parlamento de Canarias al libre ejercicio a la participación política consagrado por la Constitución".
Recuerdan que el control jurisdiccional de los actos del Parlamento, en el ejercicio de sus funciones meramente administrativas sólo son susceptibles de control, antela Sala de Lo Contencioso-Administrativo del TSJC, "exclusivamente" en cuestiones relativas al personal, la administración y la gestión.
Los actos objeto del auto, agregaba el acuerdo, son de naturaleza estrictamente política y, por tanto, sujetos al control "exclusivo" del Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo.
Especificaban que Celso Perdomo era conocedor de que el Código Penal tipifica como delito la incomparecencia a la comisión de investigación y que las conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni que afectarán a las resoluciones judiciales. También añadían que los comparecientes tienen garantizado el libre ejercicio de sus derechos fundamentales y que les asiste el derecho a no contestar.
Rechazaban tanto la forma de comunicación como el contenido del auto, "al estimar que ha sido dictado por quien carece de competencia para ello" y encomendaban a los letrados del Servicio Jurídico a que se personen en el contencioso al objeto de instar las acciones procesales que estimen oportunas para la defensa de la autonomía de la Cámara.
Finalmente decidieron dar traslado del acuerdo al juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife y, "dada la gravedad" del asunto, al presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano.
