El PP de Gran Canaria critica que el Gobierno esté generando "inseguridad jurídica" con sus políticas de vivienda

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha criticado este miércoles que el Gobierno de España esté generando una "inseguridad jurídica" con sus políticas de vivienda, que "amenaza con reducir todavía más la oferta" de alquiler y "seguir encareciendo los precios".

Esto, añade Sáncehz, es "especialmente preocupante en Canarias y, particularmente, en Gran Canaria", al tiempo que ha cuestionado la decisión del Gobierno central de llevar a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados los decretos de vivienda después de que el pleno de la cámara baja los rechazara, según ha informado el PP de Gran Canaria en nota de prensa.

Al respecto, indica que esta decisión supone "un intento de sacar adelante, por una vía parlamentaria diferente, unas medidas que ya fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados y que, lejos de solucionar el problema, pueden agravarlo" porque entiende que el Gobierno de España "pretende trasladar a los propietarios particulares una responsabilidad que corresponde al Estado, como es atender y proteger a las familias vulnerables".

Para Carlos Sánchez "no" se puede pretender que los pequeños propietarios sean "quienes asuman las consecuencias de que las administraciones no hayan sido capaces de garantizar una alternativa habitacional a quienes la necesitan".

Al respecto, expuso que desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno de España se "han producido más de 270.000 desahucios en España", lo que consideró que "evidencia la distancia entre los anuncios del Ejecutivo y los resultados de sus políticas de vivienda".

En relación con el desahucio que se produjo este martes en Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del PP insular dijo que "mientras el PSOE se da golpes de pecho hablando de proteger a las familias vulnerables y, pretende dar lecciones al resto sobre el derecho a la vivienda", en la ciudad gobernada por Carolina Darias (PSOE), "una madre y sus dos hijos menores eran expulsados de su casa por la fuerza".

En este marco ha incidido en la necesidad de diferenciar entre las familias que "atraviesan dificultades económicas y necesitan protección pública" y quienes "ocupan ilegalmente" una vivienda, apuntando que a las "familias vulnerables hay que protegerlas, pero esa protección deben garantizarla las administraciones, a través de los servicios sociales y las políticas públicas de vivienda".

Asimismo añade que lo que "no" se puede aceptar "es que un propietario tenga que soportar durante años la ocupación ilegal" de su casa "sin una respuesta eficaz" de la justicia.

De esta forma, Sánchez defiende la propuesta legislativa de su partido para "agilizar el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, con procedimientos que permitan actuar en un plazo de 48 horas", incidiendo en que ofrecer seguridad jurídica "es una condición imprescindible para recuperar la confianza" de quienes disponen de una vivienda y "no" se atreven a incorporarla al mercado del alquiler.

UNAS 10.000 VIVIENDAS

Para Carlos Sánchez la solución estructural al problema "pasa necesariamente por incrementar" la oferta residencial, tanto pública como privada, y ha estimado en unas 10.000 las viviendas que se necesitan en Gran Canaria.

"Necesitamos construir muchas más viviendas y eso no se va a resolver de un día para otro. Hablamos de años de planificación, inversión y ejecución. Precisamente por eso es tan importante empezar cuanto antes y dejar de perder el tiempo con medidas que no aumentan la oferta", apuntilló.

Para ello ha reclamado la colaboración público-privada como "una herramienta imprescindible" para acelerar nuevas promociones, subrayando la necesidad de actualizar los módulos económicos de la vivienda protegida para "adecuarlos" a los costes reales de construcción.