El PP quiere que las Directrices dejen de ser "de obligado cumplimiento" y se conviertan en un documento orientativo

Fernández pone de relieve la dificultad para elaborar los planes y lamenta las denuncias que los suspenden "por fallos mínimos"

Europa Press Islas Canarias
Actualizado: jueves, 20 mayo 2010 15:41

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico regional del PP de Canarias, Manuel Fernández, ha explicado este jueves que una de las conclusiones a las que se llegó en la reciente convención del partido celebrada en Santa Cruz de Tenerife es la de que la Ley de Directrices se conviertan en un "documento orientativo" que sirva para incluir determinados aspectos en el planeamiento "y no en una norma de obligado cumplimiento".

Fernández señaló en declaraciones a Europa Press que hacía suyo este planteamiento y recordó que la nota característica de la normativa sobre el Territorio en el archipiélago es la "complejidad". Expuso que en esta materia tienen una intervención "fuerte" y competencias el Estado, el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos.

El también diputado regional subrayó que la legislación para desarrollar los planes generales de ordenación es "engorrosa" y existen "leyes superpuestas".

Acerca de las Directrices las definió como "intervencionistas y muy detallistas". Por ello planteó que en ocasiones es fácil "eludir" alguno de sus planteamientos. Asimismo recordó que a los planes municipales se unen los insulares o los generales especiales. Todo ello, según Fernández, "limita" el desarrollo de los planes.

Así insistió en que seis años después sólo 14 de los 88 municipios de Canarias han logrado "adaptar" su planeamiento a las Directrices. "Es muy difícil y ello está lastrando el desarrollo económico y social", argumentó el popular que detalló que la voluntad del Gobierno de Canarias es "sacar adelante" el mayor número de planes.

A pesar de esta intención del Ejecutivo, Fernández dejó claro que "cualquier abogado puede presentar una denuncia por un detalle y eso ligarlo a otras sensibilidades y paralizar el plan". "Existe la buena voluntad", insistió pero rechazó las denuncias "por un fallo mínimo" que ponen "en riesgo el desarrollo.

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