Publicado 19/11/2020 13:21CET

Representantes de los centros concertados en Las Palmas muestran su rechazo a la Ley Celaá y piden un pacto educativo

Una de las concentraciones convocada ante el Congreso contra la LOMLOE
Una de las concentraciones convocada ante el Congreso contra la LOMLOE - EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los equipos directivos de las escuelas católicas en la provincia de Las Palmas, así como de las asociaciones de madres y padres de estos centros educativos, se han concentrado este jueves para mostrar su rechazo a la denominada Ley Celaá, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), si bien los representantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya lo hicieron la pasada semana.

Actualmente en Canarias hay más de 40 colegios concertados de escuelas católicas. Así, en la concentración que los representantes de estos centros en la provincia de Las Palmas han realizado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en las islas, en Las Palmas de Gran Canaria, se han congregado unas 60 personas, debido a las normas que establece la situación actual de pandemia.

En la concentración estaba presente el secretario de Escuelas Católicas de Canarias, Juan Manuel Ruiz, quien ha señalado que ante la situación que se vive actualmente con una crisis sanitaria "no" se entiende la "urgencia" de sacar adelante esta norma, a lo que añade que en cualquier ley previamente se ha contado con la participación ciudadana, con expertos.

Sin embargo, agregó que para esta ley, que este jueves prevé salir adelante en el pleno del Congreso de los Diputados, "se ha prescindido de todo ello", por lo que admite que les ha sorprendido la "prisa" que se tiene por aprobarla.

De todos modos, Ruiz afirma en declaraciones a Europa Press que la educación necesita una reforma y apuntó que el "tema de fondo", que llevan solicitando años a todos los gobiernos, es el de un pacto por la educación porque, dijo, la educación "es un derecho" de la Constitución que recoge en su artículo 27.

Por ello, entiende que deben existir distintos proyectos educativos, todos dentro de unos parámetros legales, ya que afirmó que "en el fondo" pública y concertada están defendiendo los mismos valores en cuanto a derechos humanos, si bien afirmó que las escuelas católicas tienen una opinión "ética y moral" pero que difiere de una u otra ideología, ya que consideró que hay "un cierto temor" porque hay quienes piensan que se forma en sectores ideológicos, lo que consideró es también un "temor" a que "otros piensen de forma distinta".

Asimismo, se refirió al concepto de libertad en cuanto al derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, ya que señala que la educación de los niños depende "de sus padres y un Estado que se quiere meter en la educación tiene un tufo a totalitario".

MANIFIESTO

En la concentración se ha leído un manifiesto en el que las escuelas católicas muestran su rechazo a la LOMLOE por ser "tramitada de forma exprés, sin negociación," para aprobarla en el Congreso y "llevarla a toda prisa al Senado".

Asimismo, el manifiesto recoge que se trata de una ley educativa "partidista", que entienden "no responde a los intereses del conjunto de la sociedad", al tiempo que la califican de "injusta y discriminatoria, con una fuerte carga ideológica que elimina y vulnera derechos y libertades individuales y colectivos esenciales".

Otro de los puntos del manifiesto recoge que se trata de una Ley que da un "papel subsidiario a la enseñanza concertada en relación a la pública, condenándola a una rápida desaparición", así como indican pretende "imponer un único sistema gratuito basado exclusivamente en la educación pública, eliminado la pluralidad y la libertad de los padres de elegir otro tipo de educación para sus hijos según sus convicciones".

Sin embargo, recoge el manifiesto, "de acuerdo con la Constitución, el derecho de todos a la educación no se garantiza sólo con plazas públicas, sino con pluralidad de centros que ofrezcan enseñanzas gratuitas. La enseñanza concertada garantiza la libertad de enseñanza".

También critican el que la norma no recoja "cualquier mejora para los profesionales del sector de la enseñanza concertada" y que "mantiene una financiación deficitaria", que aseguran "no cubre el coste del puesto escolar ni permite condiciones laborales equivalentes en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos".

En cuanto a la asignatura de religión, indican que la relega "dificultando el derecho a la formación religiosa según las convicciones de las familias y alumnos que así lo eligen cada año libremente ya, en un porcentaje superior al 60 por ciento".

Por último, creen que se condena "al vaciado y cierre" de los centros de educación especial "obligando a las familias a escolarizar a sus hijos en centros ordinarios aunque esa no sea su elección ni su voluntad", y concluye entendiendo que la norma, que se dice "inclusiva", sin embargo "expulsa y excluye del sistema educativo a más de dos millones de alumnos", así como a trabajadores y centros educativos.

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