Salen a la calle para que los ciudadanos conozcan su situación real; "No se nos ha tratado como lo que somos ni lo que merecemos"
LOGROÑO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Abogados riojanos han participado en una concentración frente al Parlamento riojano para reivindicar "la dignidad" del sector con mejoras para el colectivo como el derecho a la conciliación, la modificación inmediata de la Ley de Enjuiciamiento Civil o el derecho a la desconexión digital y al descanso.
Además, en el caso del turno de oficio piden, entre otros, que se elimine la carga burocrática porque como explican "nuestro cometido es la defensa del cliente, en ningún caso la recopilación de sus datos económicos y familiares".
Así lo han expresado este miércoles los abogados, Sarai Becerril e Iván Gómez, quienes han actuado de portavoces de sus compañeros leyendo un manifiesto en el que han aseverado que este colectivo "ha estado muy poco unido históricamente" pero "es hora de que todo el mundo sepa la situación en la que nos encontramos".
Como han justificado "esto ya no es una mera cuestión económica sino de dignidad y respeto" porque "no se nos ha tratado como lo que somos ni lo que merecemos".
DERECHO A LA CONCILIACIÓN
Entre las reivindicaciones del colectivo destacan la necesidad de que "se nos reconozca de una vez, año 2023, el derecho a la conciliación y a las bajas por enfermedad, maternidad, paternidad y a las bajas por hospitalización o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado".
"No sólo con suspensión de señalamientos (que en modo alguno pueden quedarse a potestad del LAJ) sino también y muy necesariamente con la suspensión de los plazos procesales".
Exigen también una modificación inmediata de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el derecho a la desconexión digital y al descanso.
Como explican en su escrito, "se nos ha obligado durante años a pertenecer a la Mutualidad de la Abogacía, después se nos ha 'vendido' como un régimen alternativo al RETA (régimen autónomos) y sin embargo, a día de hoy, hay muchísimos compañeros que se han encontrado, después de 30 y 40 años de trabajo, con unas pensiones de jubilación de entre 300 a 600 euros".
Ante ello piden "transparencia y eficiencia en la gestión de la Mutualidad de la Abogacía; que se facilite la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación con el trabajo y, por supuesto, que se establezca una pasarela de traslado al RETA, de tal forma que quienes hayan aportado durante años al régimen mutualista puedan pasarse si así lo desean al Régimen de Autónomos sin perder lo aportado".
También exigen la supresión del tipo impositivo de IVA sobre sus honorarios (actualmente de un 21% como si un artículo de lujo se tratase) e instaurar campañas de sensibilización frente al colectivo.
"Hay que visibilizar nuestro trabajo real, que los ciudadanos conozcan la importancia de recibir asesoramiento jurídico por parte de personal cualificado", ha afirmado Becerril.
"TURNO DE OFICIO NO ES IGUAL A JUSTICIA GRATUITA"
Sobre el turno de oficio, Iván Gómez quiere dejar claro que "turno de oficio no es igual a justicia gratuita. Si la situación actual con el Turno de Oficio, tanto para Abogacía como Procura, "nos lleva a presentar finalmente una baja colectiva, como ya ha ocurrido en otros sitios de España, cualquiera estos profesionales, queramos o no, estamos obligados a desempeñarla, porque el turno es obligatorio para los abogados y lo es porque el Estado debe garantizar el derecho a la defensa a todos los ciudadanos".
Sin embargo, prosigue, "las distintas Administraciones nos obligan a ejercer esta labor a costa de nuestros despachos, recursos y cotizaciones, no abonándonos por nuestras actuaciones o haciéndolo con sumas irrisorias, además de tarde sin consecuencia alguna para la Administración pagadora".
Para el Turno de Oficio exigen:
Una remuneración digna y suficiente del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
La eliminación del artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. "Esta disposición es la que permite que trabajemos primero, a nuestra costa, pero que después no se nos pague si el derecho a la Justicia Gratuita es denegado con posterioridad al ciudadano. Mientras este artículo no se derogue, reivindicamos que sea la Administración, y no nosotros, quien asuma los gastos".
Aun reconocido el derecho, prosigue, "no todo el trabajo que hacemos se paga. En La Rioja exigimos que, de una vez, abonen nuestra intervención en los procedimientos de habeas corpus, en las comparecencias a prisión provisional y exigimos que nos abonen las demandas de ejecución civil y la oposición a estas porque 'no van con el asunto' sino que son los escritos que dan lugar a un procedimiento nuevo".
Reivindican que se abonen las designaciones para la defensa de personas jurídicas pues éstas no tienen la posibilidad de acceder a la AJG y, por tanto, "cuando se nos designa su defensa, se nos dice de antemano que no se nos van a abonar y resultando la designación irrenunciable para el letrado".
"Una vez aumenten las retribuciones, es necesario que se incluya una disposición en el Decreto en cuestión que garantice la actualización de éstas conforme las variaciones que experimente el IPC".
Dado que el turno tiene carácter obligatorio para la Abogacía "su pago debe ir acompañado de la correspondiente cotización al sistema de la Seguridad Social, y con carácter retroactivo".
Además "resulta indispensable eliminar la carga burocrática del Letrado de Turno de Oficio cuyo cometido es la defensa de su cliente y en ningún caso la recopilación de sus datos económicos y familiares para la Administración o la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (siendo éstos quienes deben asumir esta carga)".
APOYO AL EXDECANO LARA
Finamente, han querido expresar y enviar "nuestro más sincero y apoyo" al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, quien se encuentra "en una más que injusta situación por haber defendido la profesión y a los profesionales que la componemos".
Francisco Javier Lara -explican- "acaba de ser juzgado por un presunto delito de desobediencia por el único hecho de haber exigido, en el peor momento de la crisis sanitaria causada por el COVID19, que los abogados desempeñasen su labor con las debidas garantías para su salud e integridad".
"El decano Lara sólo pidió o medidas de seguridad que garantizasen la integridad de los colegiados o la utilización del mecanismo de la videoconferencia también para nuestro colectivo por salud e integridad negándose a enviar a los compañeros si no se daban estas circunstancias: ni más ni menos que las del resto".
"Sin embargo, por estos hechos se dedujo testimonio, fue acusado por quienes, sin embargo, exigían y podían tratar con los justiciables por videoconferencia y hace tan sólo dos días ha sido juzgado".
"Este ejemplo deja en evidencia la consideración que se nos tiene como colectivo y por eso, ahora más que nunca, hay que hacerse oír: respeto y dignidad", ha finalizado.
