ANPE afirma que la Ley Autoridad del Docente queda "empañada" por el "duro recorte" de derechos sociales

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE-Rioja ha afirmado que el proyecto de Ley de Autoridad del Docente sólo queda "empañado" por el "duro recorte" de derechos económicos y sociales para el profesorado.

La presentación del Proyecto "viene a satisfacer una de nuestras principales reivindicaciones, que se culminarán el día en que la Ley entre en vigor tras su aprobación parlamentaria". Recientemente, el pasado día 5 de este mes presentamos los resultados del Servicio del 'Defensor del Profesor' de ANPE-RIOJA, poniendo de manifiesto la "necesidad de protección y defensa del Profesorado, así como el reconocimiento social de la función docente".

De esta forma, el sindicato ha afirmado en un comunicado que les "satisface" que el Proyecto de Ley reconozca la consideración de autoridad pública a todos los profesores, tanto sean de centros públicos como privado-concertados, en el ejercicio de su función, tanto sea en el interior de los Centros, como en el exterior, con ocasión de las actividades complementarias y extraescolares, así como en el transporte escolar ordinario o con ocasión de la realización de dichas actividades.

Igualmente, que se reconozca la presunción de veracidad a los hechos constatados por los profesores cuando se formalicen por escrito, así como el deber de colaboración con los centros por parte de los padres e instituciones públicas en relación a garantizar la convivencia en los centros educativos.

Asimismo queda reflejado en la Ley el régimen disciplinario de los centros, en cuanto a infracciones, sanciones y medidas educativas, graduación de la culpa, responsabilidad y reparación de los daños causados a los centros o a los integrantes de la comunidad educativa, aspectos que, aunque ya contemplados en el Decreto 4/2009 de Convivencia en los centros docentes, se les da cobertura jurídica mediante la protección de la Ley que se apruebe.

En cuanto a los aspectos que no contempla y que en su día demandamos que se incluyeran en la Ley, se encuentra la necesidad de asistencia psicológica y jurídica inmediatas a los profesores que sufren conflictos en sus centros, así como una adecuada cobertura de póliza de responsabilidad civil, que mejore la existente en la actualidad.

No obstante a la valoración positiva del Proyecto de Ley hoy presentado, en cuyo art. 4.d) se garantiza el "apoyo por parte de la Administración Educativa que velará para que el trato recibido por el profesorado sea conforme a la importancia social de la función docente que desempeña", han criticado el anuncio del "duro recorte" de derechos económicos y sociales en la Mesa General de la Educación, en cuanto a la supresión, suspensión o reducción de derechos que hasta ahora gozaban los funcionarios públicos de la CAR y, en concreto, el profesorado, por lo que su anuncio plasmado en estos días y hecho "coincidir sorprendentemente" con el Proyecto de Ley de Autoridad Docente, contradice una de las garantías de la función docente como es el apoyo de la Administración conforme a la importancia social de la función docente.