ANPE Rioja ve "positivo" el acuerdo de Función Pública

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

ANPE Rioja ve "positivo" que la administración riojana "aborde la concreción de diversos temas laborales de gran interés para los docentes y en estado de manifiesta demora", ante el acuerdo de legislatura alcanzado en materia de negociación colectiva con el Gobierno regional.

Un acuerdo con el que, antes de que finalice 2020, se habrá negociado la Oferta Pública de Empleo 2020 y un Plan Integral de Acción Social. Además, en las nóminas de noviembre y diciembre se abonarán por fin los importes correspondientes a la Carrera Profesional Docente de los años 2018, 2019 y 2020, aunque se cambiará el modelo para 2021, "de manera que, de nuevo, los docentes no cobrarán este complemento a partir de enero".

Igualmente, se reconocerá el año de prácticas de quienes han superado la oposición para que compute a efectos de trienios y sexenios.

A partir de la entrada de 2021, el permiso de paternidad se igualará a las 18 semanas del de maternidad. En el primer trimestre se negociarán y regularán las condiciones del teletrabajo. Y, antes de que acabe el año, se dará estabilidad a las plantillas docentes de la escuela rural.

"Quedan, como objetivos para el resto de la legislatura, una nueva Ley de la Función Pública, pues la actual es de 1990 y no recoge reivindicaciones ni mejoras propuestas por FSES, un Plan de Igualdad en la Administración General de La Rioja, así como la bajada de ratios de alumnos y la reducción de las horas lectivas docentes en Educación Primaria", afirman desde ANPE.

Las propuestas que el Gobierno de La Rioja ha presentado a las organizaciones sindicales, al menos en materia de educación, "suponen las condiciones mínimas para un entendimiento y el compromiso de no impedir el desarrollo de aspectos elementales en materia laboral".

A partir de ellas, ANPE "no dejará de luchar por lograr importantes reivindicaciones necesarias en Educación y por las que trabajamos desde hace tiempo, como son, entre otras, la adecuada financiación de la escuela pública, en franca precariedad después de los recortes de la última década, la gestión de calidad de los centros, cuyas deficiencias se han puesto de manifiesto en la situación de pandemia o la estabilización de las condiciones de reconocimiento y cobro de la carrera profesional, un derecho ya negociado y adquirido y que se viene retrasando años".

Además de la "reducción de la ratio de alumnos en todos los niveles y medios adecuados para la gestión del Servicio de Recursos Humanos de la Consejería de Educación".

ANPE considera "inadmisible" que se necesite "la buena voluntad de los gobiernos de turno para, por ejemplo, no cancelar o reducir las OPE, proceder al cobro puntual de los complementos salariales, aplicar derechos ganados en los tribunales o en las negociaciones laborales, regular condiciones de trabajo con meses o años de retraso y confiar a buenas intenciones la protección de la escuela pública. ANPE lamenta que la buena noticia sea no perder derechos y que los daños no sean mayores".