Galicia, La Rioja y Castilla y León también han anunciado el mismo recurso
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció hoy la presentación de un recurso judicial por parte del Gobierno regional ante la Audiencia Nacional por el recorte de los anticipos a cuenta previsto para 2010 por parte del Ejecutivo central.
"La razón es que el Gobierno de la nación incumple su propio modelo de financiación autonómica causando un perjuicio a las arcas de la Comunidad de Madrid superior a los 217 millones de euros", sentenció González en rueda de prensa. Galicia, La Rioja y Castilla y León también han anunciado el mismo recurso.
Según los cálculos regionales, el perjuicio para Madrid es de un total de 217,4 millones de euros, que resulta de la diferencia existente entre las cuantías contenidas en el Presupuesto de la Comunidad para 2010 (1.480,8 millones), que fueron calculadas teniendo en cuenta el nuevo sistema de financiación y los Presupuestos Generales del Estado, y la que ahora da el Gobierno central (1.263,3 millones).
Esta diferencia "responde a un nuevo cambio de criterio del gobierno central que supone una nueva quiebra del principio de lealtad institucional, un nuevo incumplimiento en materia de financiación autonómica y un nuevo intento de perjudicar a los madrileños recortando los recursos económicos a los que tienen derecho", opinó.
La orden contra la que recurrirá es la que dictado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el pasado 22 de marzo donde se establecen los importes que el Gobierno va a destinar para los anticipos a cuenta del nuevo modelo de financiación.
"En principio los presupuestos generales del Estado preveían una cifra de 9.750 millones de euros como anticipos a cuenta, de los cuales, la Comunidad estimó que le correspondían a ella misma en total 1.480 millones y sin embargo el gobierno ha reducido esa cifra a 7.440 millones de manera unilateral", explicó el vicepresidente.
Para el vicepresidente resulta paradójico que el Gobierno de
Zapatero asfixie aún más a la Comunidad de Madrid con la merma de
ingresos que le corresponden, cuando el propio Gobierno de la Nación,
cuya administración es responsable del 88% del déficit público, exige
austeridad y medidas de contención a las comunidades.
Así se desprende del informe presentado hoy en el Consejo de
Gobierno por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, sobre la impugnación a la Orden de la vicepresidenta económica del gobierno y ministra de Economía y Hacienda de fecha 22 de marzo.
En esta Orden, se acuerda conceder a la Comunidad de Madrid 217,4 millones de euros menos de los presupuestados en concepto de anticipos para 2010 de los fondos y recursos adicionales del sistema de financiación.
Esta reclamación judicial se une a las que la Comunidad de Madrid
mantiene frente al Gobierno de la Nación en concepto de lealtad
institucional (5.583 millones de euros); por la entidad colaboradora
sanitaria por un importe conjunto de 368 millones, sobre las que existe ya una sentencia firme de 200 millones y una reclamación pendiente de otros 168 millones.
Por otra parte, hay que recordar las reclamaciones en concepto de
deuda histórica por fondos perdidos en inversiones territorializadas del Estado, no reconocimiento de la población real, menores aportaciones a la dependencia y Contrato Programa Consorcio de Transportes, etc...
Todas ellas sumaban 18.831 millones de euros a las que ahora se unen 217 millones más que arrojan una cifra final de 19.050 millones.
"UNA ORDEN MINISTERIAL CONTRARIA A LOS P.G.E."
Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 preveían una partida de 9.750 millones de euros para anticipos a cuenta de recursos adicionales y fondos del nuevo sistema de financiación. Esta partida estaba presupuestada para los anticipos a cuenta de los recursos adicionales para la mejora de la capacidad de financiación de las prestaciones básicas del Estado del Bienestar.
Desde la Comunidad de Madrid, y con carácter previo a la
confección de sus presupuestos regionales, se realizó una consulta al
Ministerio de Economía y Hacienda para que explicara los extremos
anteriores, "dada la falta de transparencia que ha caracterizado al sistema de financiación en su conjunto".
"Madrid, al igual que el resto de comunidades, elaboró sus cuentas públicas partiendo de la ambigua y escasa información aportada en dicho momento por el Ministerio, pero ahora el Gobierno de la Nación, mediante la Orden de 22 de marzo, notifica unos ingresos inferiores a los esperados", plantea la Comunidad.
"La Orden de la ministra de Economía y Hacienda solamente
distribuye en concepto de anticipos entre las comunidades autónomas
7.440 millones de euros. De esta forma, en el año 2010 se priva a las
comunidades autónomas de casi 2.400 millones de euros, que debían
distribuirse entre ellas atendiendo al incremento de la población y la atención a las personas en situación de dependencia. La ministra alega que el resto de los créditos previstos en la partida son la compensación por el Impuesto sobre el Patrimonio, cuando dicha compensación no es ningún anticipo a cuenta ni recurso adicional del modelo de financiación", planteó.
A su juicio, esta misma Orden presentada el pasado 22 de marzo por la vicepresidenta Salgado incumple, asimismo, las cifras establecidas en la Ley de Financiación de 2010, ya que los anticipos notificados no representan el 85% de gradualidad establecido en dicha Ley.
Durante los años 2009 y 2010 el nuevo sistema de financiación se
articula mediante entregas a cuenta de los impuestos cedidos y del Fondo de Suficiencia, de acuerdo con el antiguo sistema de financiación, y los anticipos de los recursos y fondos adicionales del nuevo sistema. Esos recursos y fondos adicionales se integran en el sistema con una gradualidad del 70% en el año 2009, 85% en el año 2010 y 100% en el año 2011.
Así, y teniendo en cuenta que la Administración Central anunció que en concepto de recursos adicionales y fondos ponía sobre la mesa 11.154 millones de euros, el 85% de cantidad representaría un total de 9.480 millones de euros. Las cifras llevan a concluir que, con los anticipos recibidos tras la nueva Orden, sólo se alcanzará un tímido 66,7%, plantea el Gobierno regional.
