LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino Burgos, ha asegurado hoy que el Gobierno de La Rioja "acata y respeta las sentencias del Tribunal Supremo sobre Ecociudad, aunque, evidentemente, los planteamientos que hemos defendido no coinciden con los del Tribunal".
En rueda de prensa, Burgos ha incidido en que la consecuencia de estas sentencias "es que el Gobierno de La Rioja no seguirá tramitando los actos administrativos necesarios para el desarrollo de este proyecto urbanístico que, hasta ahora, había recibido todas las sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja".
El consejero ha explicado que estas tres sentencias del Supremo dejan sin efecto las dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y, con ello, anula todos los trámites que se han realizado para desarrollar el proyecto de la Ecociudad, que pretendía la construcción de cerca de 3.000 viviendas (el 90% de protección oficial) en el paraje de El Corvo-La Fonsalada de Logroño.
"Todos los actos realizados hasta la fecha no tienen ninguna validez; es decir, todo se va a quedar como estaba antes de septiembre de 2008 por lo que el Monte El Corvo es una zona de suelo no urbanizable especial de interés paisajístico y, por tanto, terrenos preservados de su transformación mediante la urbanización", ha subrayado el consejero.
ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO.
En su argumentación, como ha detallado Burgos, el Tribunal Supremo entiende que "el Plan General Municipal de Logroño, al clasificar como suelo no urbanizable de especial protección de elementos de interés paisajístico, establece un régimen de especial protección para el monte El Corvo que supone que dichos terrenos han de ser preservados de su transformación mediante la urbanización".
Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja entendía que la Zona de interés regional (ZIR), al ser un instrumento de ordenación territorial, prevalecía sobre la protección establecida por un municipio.
Para el alto tribunal, "el desarrollo de la Ecociudad no puede ser entendido como supramunicipal sino municipal al establecerse con ella una actuación residencial que no trasciende el interés local y por tanto contraria al Plan General Municipal de Logroño, que no tiene contemplado en sus previsiones este desarrollo residencial".
Burgos ha recordado que dos de las sentencias se refieren al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño y la CPAR contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en la que declaraba que se ajustaba a derecho la declaración de interés supramunicipal de la zona de interés regional para el desarrollo de una Ecociudad.
La tercera sentencia, ha apuntado, se refiere al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por la que declaraba conforme a derecho el convenio urbanístico que aprobó y firmó la Comunidad Autónoma de La Rioja con la mercantil LMB-Progea para el desarrollo de una Ecociudad.
Como consecuencia se estas sentencias, el Supremo anula dos actuaciones del Gobierno de La Rioja: en primer lugar, el acuerdo de Consejo de Gobierno, de 19 de septiembre de 2008, por el que se declara la Zona de Interés Regional Ecociudad Monte Corvo; en segundo término, el convenio de desarrollo de la Ecociudad, aprobado por el Gobierno de La Rioja con la promotora LMB-Progea por resolución de 23 de diciembre de 2008.
RESPONSABILIDAD.
Respecto a la situación del Gobierno regional con estas dos empresas, Burgos ha recordado que "no hay ninguna relación contractual" con ellas, "sólo se firmó el convenio urbanístico", por lo que, al anularse judicialmente esta actuación, "no tenemos ninguna responsabilidad, es un proyecto de desarrollo privado".
"Todo queda igual a como estaba antes de 2005", ha dicho Burgos, quien, al mismo tiempo, ha incidido en que, por parte del Ejecutivo regional, "no se ha realizado ninguna inversión" en este proyecto, "todo era por parte de las mercantiles, que, ahora, los tribunales les han dicho que no es posible, es como cualquier otro negocio".
Sobre posibles responsabilidades políticas, "en todo caso, las decidirán los ciudadanos, pero nosotros apostamos por un proyecto que, cuando se inició, en 2005, era interesante porque favorecía la VPO con vivienda accesible y sostenible, y, además, los tribunales nos han ido dando la razón durante muchos años hasta ahora".
