LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre, ha aprobado este jueves una declaración institucional con motivo del día 3 de noviembre, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.
En un texto que ha leído el presidente del pleno, Francisco Javier Pérez Diego, se señala que "el movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en España, reclama que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en la reconstrucción social y económica, que se está acometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus".
"Hablar de pandemia, que tanta desolación y destrucción nos está trayendo, nos lleva como primer impulso a realizar un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la enfermedad y a sus familias que, en el ámbito de la discapacidad, están siendo estremecedores", ha añadido.
Inmediatamente, "tras la evocación de quienes han sufrido, se impone dar las gracias a las familias, profesionales y personal voluntario que, en esta crisis de salud pública, dando lo mejor de sí mismas, están teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte de preocupación, atención y cuidados".
Así, "junto a las personas mayores, las personas con discapacidad están siendo de los grupos sociales más castigados, en medida desorbitada, por esta pandemia, y no solo por condiciones objetivas (estados de salud preexistente, etc.), sino sobre todo por factores sociales, políticos, económicos y legales que nos colocan en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas proporciones".
El sentimiento que se desprende de las personas con discapacidad "obedece a una percepción de que rige una ley inexorable y fatal que lleva consigo irremediablemente que cuando al país le va mal, a lo social, a la discapacidad, le va mucho peor; y cuando a la sociedad, al país, le va bien, ese bienestar no llega, o solo fragmentos mínimos, a las personas con discapacidad y a sus familias".
"Las personas con discapacidad, mujeres y hombres, y sus familias, su articulación social, han recibido -y están recibiendo- el impacto exacerbado de la pandemia. Multitud de informes, estudios e investigaciones confeccionados estos meses evidencian las generalizadas violaciones de derechos que las personas con discapacidad han experimentado en este tiempo de pandemia, una cartografía del lado oscuro de lo que les ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos", se indica en el texto institucional.
"Hay que hablar de reconstrucción, sí, también en la esfera de la discapacidad, porque la devastación está siendo intensa y extensa en este grupo de población, y en sus estructuras y redes de apoyo, siempre precarias, ahora ya casi exhaustas", indica el texto, que añade que "la reconstrucción que nos interpela como comunidad y país; el resurgimiento verdadero y digno que nos aguarda ha de tener, solo puede tener rostro social".
"Lo social no es una cuestión menor en la agenda pública; lo social, el bienestar individual y grupal, la inclusión, los derechos humanos de todas las personas, es como nunca la condición determinante de la viabilidad y continuidad de las comunidades políticas organizadas, de las sociedades. Sin lo social -entendido como la calidad y la calidez inherente a las democracias más robustas y decentes- no hay paz social, no hay vida en comunidad estable, sugestiva, armónica. Únicamente respetando lo social, nuestra vida social será respetable", dice.
La agenda propositiva que traslada el movimiento CERMI con vistas a esta reconstrucción "está atravesada por el enfoque de derechos humanos, irrenunciable y único aceptable cuando se trata de discapacidad, y por el de género, mujeres y niñas con discapacidad, madres cuidadoras y mujeres con discapacidad mayores, que deben constituir el grupo preferencial de actuación de las políticas públicas de igualdad y de las de inclusión".
Por otro lado, "los fondos europeos, en todas sus expresiones, han de movilizar recursos suficientes que tengan como destino promover activamente la inclusión social de las personas con discapacidad".
Los distintos fondos "han de dotar a los Estados parte, entre ellos a España, de financiación que permita acometer la reconstrucción social, económica y tecnológica tras la pandemia del coronavirus COVID-19 y que generen cambio social en ámbitos críticos como la inclusión laboral, la accesibilidad universal, la educación inclusiva, la reconfiguración de los modelos y apoyos a las personas con discapacidad y el respaldo a la transformación de su sector cívico".
"La anhelada reconstrucción social y económica precisa de la alianza entre los poderes públicos, el tejido empresarial y la sociedad civil organizada, que han de ensayar nuevas formas de gobernanza ampliada, llevar a cabo una auténtica co-gobernanza. Queremos que las personas con discapacidad, mujeres y hombres, y sus familias, puedan estar en condiciones, en la España reconstruida, de extender la mano solamente para estrecharla y enlazarla a otras, en el afán compartido de contribuir a la permanente mejora colectiva, corresponsabilizándonos".
Por todo elll, concluye la declaración institucional afirmando que "precisamos tiempos y comunidades renovadas que permitan a todas las personas y grupos desplegar la plenitud de sus proyectos vitales en sociedades tupidas, sugerentes y armónicas en las que nadie sobre, y en las que toda contribución sea bienvenida y celebrada".
