El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento resolvió 138 reclamaciones en 2012, 97 a favor del Consistorio

LOGROÑO 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Logroño resolvió en 2012 un total de 138 reclamaciones, de las que 97 fueron a favor del Consistorio y 30, a favor de los ciudadanos reclamantes. Son datos que ha facilitado este jueves la concejala de Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín, quien ha presentado esta mañana la memoria de este órgano municipal.

Como ha recordado San Martín, "se trata de un órgano que resuelve las reclamaciones económico-administrativas sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos y de otros ingresos de derecho público de competencia municipal".

A ello ha sumado que el Tribunal, que nació en el año 2004 al amparo de la Ley de Grandes Ciudades, cuenta también "con otras funciones como dictaminar los proyectos de Ordenanzas Fiscales y la elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria".

"Este órgano -ha añadido la edil de Hacienda- supone una vía de reclamación gratuita para el contribuyente que le permite evitar la vía judicial, más lenta y con costes para el ciudadano en muchos casos". Está formado por un presidente y dos vocales funcionarios del Ayuntamiento de Logroño.

San Martín ha destacado, en este sentido, que "se trata de una composición de técnicos especializados en temas tributarios, con un asesor jurídico, un gestor de patrimonio y un técnico de Administración General, licenciado en Derecho con experiencia en el área económica, que dan soluciones técnicas a las reclamaciones".

LOS DATOS.

La concejala ha apuntado que, en los ocho años de funcionamiento del Tribunal "sus cifras se han consolidado", con un total de 131 reclamaciones recibidas a lo largo del año pasado, "un 13% menos". La resolución de más casos de los recibidos, un total de 138, tiene su origen en que "quedaban casos por resolver de los últimos meses de 2011".

"A fecha de hoy, todas las reclamaciones presentadas antes del 1 de enero están resueltas. La mayoría se resuelve en el año en el que se presentan", ha dicho la edil, quien, con respecto a su funcionamiento, ha detallado que el ciudadano cuenta con un plazo de un mes para presentar la reclamación desde el momento en el que se le notifica.

De las 138 reclamaciones resueltas en el año pasado, han sido estimados a favor del contribuyente 30 casos y 97 han sido desestimadas, confirmándose la resolución del Ayuntamiento. En otras 10 ocasiones, la reclamación ha sido inadmitida y en 1, el propio contribuyente desistió de la reclamación. Del total de decisiones adoptadas por el Tribunal, sólo se han impugnado un 4%.

La mayor parte de las reclamaciones, un 60%, se presentaron en el periodo ejecutivo, "una vez finalizado el plazo de pago voluntario", lo que, a su juicio, supone "una pequeña cantidad en relación con los en torno a 190.000 recibos que se giran desde el Ayuntamiento y que se pagan en el plazo voluntario".

Los conceptos que más se han reclamado han sido plusvalías, dominio público e Impuesto de Construcciones, en el periodo de pago voluntario. En vía ejecutiva, una vez pasado el periodo voluntario, lo más reclamado por los ciudadanos ante el Tribunal Económico Administrativo han sido las multas de tráfico, en un 91% de los casos.

San Martín ha señalado que, en el caso de que la deuda reclamada sea inferior a 600 euros no se exige al ciudadano ninguna garantía; si la deuda se sitúa entre 600 y 1.500 euros se pide una fianza personal o solidaria, y si la deuda supera los 1.500 euros se reclama un aval en metálico o bancario.

Especial hincapié ha hecho la concejala en las ventajas del Tribunal, como su gratuidad y rapidez, "que aumenta la transparencia del Ayuntamiento" y que, por parte de este órgano, se realizan una serie de recomendaciones a las ordenanzas fiscales o a los presupuestos municipales.

En esta línea, ha subrayado que, en el ejercicio 2011, se tuvieron en cuenta aspectos sobre la actuación de la inspección y que, en este año, se ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer desaparecer de los presupuestos los ingresos por la tasa sobre uso de dominio público para empresas de telefonía móvil, anulada por dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo.