UPTA alerta que autónomos riojanos que se jubilen en 2028 "podrían perder" hasta 12.000 euros al reducir base cotización

Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 14:10

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los autónomos riojanos que se jubilen en 2028 podrían perder hasta 12.000 euros por "la reducción y congelación de las bases de cotización", ha alertado UPTA. Ha recordo que la reducción de las bases mínimas de cotización desde 2023 y su posterior congelación pueden tener sobre las pensiones de jubilación de miles de trabajadores autónomos.

Según una simulación preliminar del Observatorio, los autónomos de menores ingresos que se jubilen en 2028 podrían dejar de percibir alrededor de 600 euros anuales de pensión, una diferencia que, acumulada durante veinte años de jubilación, alcanzaría aproximadamente los 12.000 euros en el escenario analizado.

UPTA advierte de que esta situación es consecuencia de la acumulación de varios ejercicios con bases de cotización inferiores a las existentes antes de la reforma, a lo que se suma la congelación de 2026 y la posibilidad de que esta se prolongue durante 2027. En 2022, la base mínima general de cotización del RETA se situaba en 960,60 euros mensuales.

Con la entrada en vigor del sistema de cotización por rendimientos netos, la base mínima del tramo de menores ingresos pasó a 751,63 euros en 2023, descendió a 735,29 euros en 2024 y se redujo hasta los 653,59 euros en 2025, cantidad que se mantiene en 2026. La diferencia respecto a la base mínima general anterior a la reforma alcanza los 307,01 euros mensuales, lo que representa una reducción del 31,96 por ciento.

La organización recuerda que estas cantidades corresponden a bases reales de cotización y no a cuotas bonificadas calculadas sobre bases superiores. Esto significa que un autónomo que cotiza por una base de 653,59 euros genera, con carácter general, sus derechos contributivos a partir de esa cantidad, sin perjuicio de las garantías transitorias previstas legalmente.

Los trabajadores autónomos que accedan a la jubilación en 2028 habrán completado cinco ejercicios bajo el nuevo sistema de cotización, desde 2023 hasta 2027. El método de cálculo previsto para ese año contempla la selección de las 306 mejores bases de los últimos 312 meses, con la posibilidad de descartar únicamente seis mensualidades. Este mecanismo resulta insuficiente para compensar una trayectoria de hasta cinco años de cotizaciones reducidas.

Para analizar sus consecuencias, el Observatorio ha realizado una simulación sobre el caso de un autónomo de menores ingresos que, antes de la reforma, cotizaba por la base mínima general y que posteriormente pasó a hacerlo por las bases mínimas del tramo inferior. El resultado apunta a una posible reducción de alrededor de 43 euros mensuales en su pensión, unos 600 euros anuales. Si esta diferencia se mantiene durante veinte años de jubilación, la pérdida acumulada podría aproximarse a los 12.000 euros, sin tener en cuenta las revalorizaciones posteriores.

Se trata de una estimación ilustrativa que deberá validarse mediante el análisis de una carrera completa de cotización, las garantías transitorias y las reglas de cálculo aplicables en 2028. Por tanto, estas cantidades no representan una pérdida media acreditada para el conjunto de los trabajadores autónomos. A la reducción de las bases mínimas en los tramos inferiores se añade la falta de actualización de estas cantidades durante 2026 y la posibilidad de que permanezcan congeladas también en 2027.

Con una inflación anual estimada del 3,5 por ciento, dos ejercicios sin actualización supondrían una pérdida del 6,65 por ciento del poder adquisitivo de las bases de cotización. Ante esta situación, UPTA reclama que las bases de 2027 incorporen tanto la inflación de 2026 como la prevista para el próximo ejercicio. Bajo este supuesto, la actualización acumulada necesaria se situaría aproximadamente en el 7,12 por ciento.

Para la organización, mantener las bases sin actualizar no solo prolongaría la pérdida de poder adquisitivo, sino que podría incrementar sus consecuencias sobre las futuras prestaciones de jubilación por lo que reclama al Ejecutivo que tenga en cuenta las consecuencias de estas decisiones sobre la protección social del colectivo.

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