Voces Feministas por los Derechos apoyan el libro 'En nombre propio. Ejercer trabajo sexual con derechos'

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red Voces Feministas por los Derechos, compuesta por personal académico, activista y procedente de la sociedad civil organizada, "queremos expresar nuestro apoyo a la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) ante las críticas y ataques recibidos en relación con la presentación del libro 'En nombre propio. Ejercer el trabajo sexual con derechos', prevista en el espacio Semilla Negra de Logroño.

En reconocimiento de la necesidad de abordar el debate social sobre los desafíos que enfrentan quienes ejercen el trabajo sexual y en defensa de la libertad de expresión y el reconocimiento a la voz de las personas protagonistas como sujetos de derechos, "manifestamos nuestra preocupación ante los intentos sistemáticos de deslegitimar espacios de debate público y académico no abolicionistas".

El sindicato OTRAS ha elaborado una propuesta jurídica "que merece ser escuchada, atendida, analizada y debatida, sobre todo por haber sido formulada desde quienes viven la realidad en primera persona".

"Mientras tanto, el reciente comunicado firmado por quince entidades claramente abolicionistas bajo el título Contra la promoción y normalización de la explotación sexual pretende deslegitimar e impedir que se escuche esta proposición mediante la equiparación automática entre trabajo sexual, trata de seres humanos y explotación sexual".

Esta identificación ideológica "carece de relación con la realidad, como demuestra la literatura especializada y los informes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONUSIDA, Amnistía Internacional o la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)".

En todos estos trabajos, así como en los elaborados por muchas de las personas que pertenecemos a Voces Feministas por los Derechos, se distingue "de forma clara entre la trata con fines de prostitución forzada o explotación en la industria del sexo -delitos graves perseguidos por nuestro Código Penal- y el ejercicio del trabajo sexual consentido entre personas adultas".

"La confusión entre ambos fenómenos dificulta la detección efectiva de víctimas de trata y contribuye a incrementar la vulnerabilidad de quienes ejercen el trabajo sexual en contextos de desprotección jurídica".

Además, "queremos subrayar que la autoorganización de personas trabajadoras sexuales es un derecho amparado por la legislación vigente y por los estándares internacionales de derechos humanos".

El sindicalismo "no crea una actividad ni la promueve: actúa allí donde existen relaciones laborales o situaciones de trabajo para reducir riesgos, denunciar abusos y ampliar derechos. Negar este principio exclusivamente al trabajo sexual supone un trato discriminatorio que no se aplica a otros sectores atravesados por economías informales o por riesgos de explotación, como el trabajo agrícola, doméstico o de cuidados".

Desde el punto de vista empírico, la evidencia acumulada en contextos donde se han aplicado políticas abolicionistas o punitivas -incluidas ordenanzas municipales y modelos de criminalización de la demanda- "muestra de forma consistente efectos adversos sobre las condiciones de vida y seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual".

Estudios académicos y evaluaciones independientes en España y en otros países europeos documentan desplazamientos forzosos hacia entornos más inseguros, aumento del estigma, mayores barreras para acceder a servicios sociales y sanitarios, y una reducción de la capacidad de negociación frente a clientes. Asimismo, "no existen pruebas concluyentes de que estos modelos reduzcan la trata de seres humanos, mientras que sí se constata un aumento de la clandestinidad y de la dependencia de terceros".

"Nos preocupa especialmente el uso selectivo de datos policiales o administrativos para construir relatos que, sin un análisis contextualizado, refuerzan posiciones ideológicas, pero no contribuyen a políticas públicas eficaces. La investigación social muestra que la protección de derechos, la reducción de daños y la escucha activa de las personas afectadas son condiciones necesarias para cualquier estrategia realista de prevención de la violencia y la explotación".

Así, finalizan, "creemos esencial escuchar a las organizaciones de trabajadoras sexuales y estimular el debate público y reiteramos nuestro apoyo a OTRAS en su derecho a la autoorganización, a promover y protagonizar el debate informado y, por ende, a su participación en espacios públicos sin estigmatización ni difamación".