Los documentos contractuales y la publicidad deberán ser comprensibles por un consumidor medio

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) de Madrid ha elaborado un Código de Buenas Prácticas en el sector, con el que se incorporará al sistema de Arbitraje de la Comunidad de Madrid con el objetivo de generar más confianza en el consumidor y garantizarle más calidad en estos servicios.

Así lo manifestó hoy el presidente de AEGI Madrid, Carlos Arenas, durante la presentación del Código, junto al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Antonio Beteta; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano; y el presidente de CEIM, Arturo Fernández.

El nuevo Código de Buenas Prácticas contempla modelos normalizados de documentos que facilitarán su comprensión por parte del consumidor no especializado en la materia. Además, se incide sobre la información que deben facilitar las empresas adheridas, en la publicidad que realicen, y en las relaciones iniciales o precontractuales que mantengan con consumidores.

La Comunidad de Madrid, a través del Consejo de Consumo y en cumplimiento del mandato legal que así lo establece (Ley 11/1998 de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid), ha dado el visto bueno a este Código por considerar que su contenido mejora la protección de los consumidores en este sector.

El Código se caracteriza, según la asociación, por su carácter autorregulador, de armonía y respeto con los derechos y garantías de los consumidores. Además, a través del 'sello de calidad' que se aprueba, el consumidor tendrá la certeza de que la empresa que le está asesorando en la operación le ofrece las garantías necesarias y cumple con todos los requisitos de solvencia técnica, comercial y financiera necesarios para llevar a buen término la operación.

Por su parte, el consejero de Economía también respaldó al Código porque, a su juicio, permite avanzar en potenciar los niveles de información y mejorar en la garantía de los derechos de los consumidores, al tiempo que recordó que todos los ciudadanos son consumidores. Igualmente, aplaudió el compromiso de los intermediarios inmobiliarios en mejorar el sistema más adecuado para limitar la desconfianza del consumidor, en un momento de crisis.

El presidente de CEIM señaló que el Código de Buenas Prácticas otorga confianza y el nivel de compromiso entre empresas y consumidores, en un periodo de crisis económica, que afecta especialmente al sector inmobiliaria. Asimismo, destacó que regula las información, la fijación de los honorarios y creará la figura del Defensor del Cliente.

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid resaltó que este Código pretende avanzar en la transparencia que el sector necesita y mejora la calidad del cliente y haya empresas "más competitivas". "El aumento de la competencia motivados por la crisis obliga a estas empresas y a todos a reinventarse, con un consumidor cada vez más exigente", agregó.

Campano recordó la necesidad que tiene las empresas de lograr financiación, un asunto en donde estamos haciendo un esfuerzo especial. De hecho, la Cámara de Comercio ha llegado a acuerdos con varias entidades que nos permiten ofrecer más de 12.500 millones de euros a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos en condiciones similares a las que tienen las grandes compañías.

Por otra parte, el presidente de AEGI indicó que el documento de Buenas Prácticas en el sector inmobiliario es "pionero" en toda España. Las empresas o profesionales dedicados a la intermediación inmobiliaria que quieran adherirse a este Código tendrán que cumplir los requisitos que establece, dirigidos a garantizar la seguridad jurídica del consumidor.

Asimismo, la puesta en marcha del Código consolida la capacitación profesional y técnica de los profesionales, así como los medios y recursos materiales para la realización de sus tareas. Además, se ofrece garantías de solvencia y de responsabilidad civil por su actuación y acredita su inscripción en los censos oficiales de carácter fiscal y laboral.

"Desde Aegi siempre hemos sido conscientes de que las únicas herramientas para prestigiar y cambiar la percepción de la sociedad y las administraciones hacia nuestro sector son la profesionalización, la formación y el impulso de la autorregulación del sector, de tal forma que el consumidor, a la hora de realizar la inversión más importante y decisiva de su vida, se sienta protegido, asesorado y respaldado por una empresa que le ofrezca garantías técnicas de solvencia a la hora de realizar la misma", indicó Arenas.

AUMENTO DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE EN 2009

La Comunidad de Madrid tramitó en el año 2009, a través del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, un total de 6.704 solicitudes de arbitraje, un 21 por ciento más que en el año anterior, lo que supone, según Beteta, una consolidación de esta vía de resolución de reclamaciones gratuita, ágil y alternativa a los tribunales de Justicia.

Las telecomunicaciones centraron el 79,6 por ciento de las quejas, con 5.337 solicitudes (32 por ciento más), mientras que el resto se reparte en distintos ámbitos de actividad y sectores como tintorerías, instaladores de gas, talleres de reparación de automóviles, compra de coches, compra de muebles, adquisición de vivienda y servicios de asistencia técnica.

Las solicitudes de arbitraje que no se resuelven amistosamente a través de la mediación, dan lugar a la constitución de un tribunal con representación de asociaciones de consumidores y empresarios en el que reclamante y reclamado exponen sus posturas. En algunos casos, consumidor y empresario pueden comparecer por videoconferencia.

El tribunal estudia el caso y emite un laudo, de obligado cumplimiento para las partes. Si la empresa se niega a cumplirlo, el reclamante puede pedir su ejecución al tribunal de primera instancia. En el arbitraje de consumo participan las asociaciones de consumidores y de empresarios, que acuden a las vistas arbitrales formando parte del tribunal y promocionando el sistema.