MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El 36 por ciento de los 589 arbitrajes inmobiliarios efectuados en España el año pasado se produjo en la Comunidad de Madrid, un instrumento de mediación de conflictos que ha supuesto un ahorro económico de hasta el 60 por ciento del proceso y que ha disminuido los pleitos entre arrendadores e inquilinos a un 3 por mil.
Así lo explicó la presidenta del Ejecutivo autonómico, Esperanza Aguirre, durante la inauguración de la I Jornada de Arbitraje Inmobiliario celebrada este martes en Cosmocaixa. "Somos la región española donde este sistema se encuentra más consolidado y creemos que es muy positivo que este instrumento siga extendiéndose", ha afirmado.
Además, uno de cada tres nuevos contratos de alquiler firmados en la región a través del Plan Alquila de la Comunidad llevaban incluidas la cláusula de arbitraje. Esto ha permitido que las relaciones entre arrendadores e inquilinos acogidos al plan regional gocen de la máxima seguridad y garantías gracias a los servicios de mediación y arbitraje que lleva a cabo el Consejo Arbitral incluido en esta iniciativa, lo que ha contribuido a reducir la litigiosidad a un 3 por mil (62 demandas en más de 20.000 contratos firmados).
"El que estos contratos incluyan la cláusula del arbitraje se ha demostrado un acierto a la hora de reducir la conflictividad entre las partes. Y la mejor prueba de ello es que las demandas de arbitraje solicitadas desde la creación del Plan Alquila han sido 62, de las cuales sólo cinco han llegado a ejecución de laudo", ha destacado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha constatado la creciente importancia de esta fórmula para resolver conflictos relacionados con la vivienda sin acudir a los tribunales.
La presidenta regional estuvo acompañada por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño; por el presidente del Consejo Arbitral del Plan Alquila regional, Manuel Jiménez de Parga; por el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol; así como por los representantes de los colegios de Abogados, de Notarios, de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, de Registradores de la Propiedad y Mercantiles y de Procuradores, entre otras personalidades.
VENTAJAS DEL ARBITRAJE
La presidenta ha resaltado que el arbitraje tiene importantes ventajas, como un ahorro de tiempo de entre seis meses y un año, que es lo que puede dilatarse una sentencia sobre un asunto inmobiliario, frente a los 43 días en que se resuelve un laudo. "El arbitraje supone también un ahorro económico, que puede llegar a ser del 60 por ciento del coste del proceso, porque las partes no necesitan proveer fondos para un abogado o un procurador que los represente", ha detallado Aguirre.
Otro objetivo fundamental es facilitar que se pongan en alquilar la cantidad de viviendas vacías que hay en la región, especialmente en el distrito Centro de Madrid, indicó Aguirre, que precisó que estos propietarios son renuentes a arrendarlos ante el temor de que no les paguen el alquiler o les destrocen el piso.
Según ha explicado, un laudo tiene la misma validez que una sentencia judicial firme, ya que no se puede recurrir. Además, apuntó que más de la mitad de los arbitrajes terminan en acuerdo y el 90 por ciento de las disputas se deben a temas de impago.
La presidenta ha explicado que, además, la garantía del arbitraje consigue ahuyentar del mercado a los llamados 'morosos profesionales', tanto por la agilidad del procedimiento como por el hecho de que el gasto corre a cargo de la parte incumplidora.
El arbitraje tiene otras ventajas, como la seguridad en el cobro de impagos, ya que, para suspender el laudo, el inquilino debe pagar antes las rentas que debe, además de las rentas futuras. "El arbitraje es, por tanto, un mecanismo eficaz y flexible que proporciona soluciones prácticas y rápidas para las partes. De hecho, más de la mitad de los arbitrajes terminan en acuerdo", ha incidido Aguirre.
Aguirre ha explicado que la Comunidad de Madrid ha impulsado la fórmula de arbitraje incluyéndola en los contratos de alquiler firmados en el marco del Plan Alquila regional que intermedia entre propietarios y posibles inquilinos, y en marzo de 2008 creó para este fin el Consejo Arbitral para el Alquiler.
El objetivo es ofrecer seguridad a los propietarios que por temor o falta de confianza no alquilan sus pisos, una medida de la que se benefician también los inquilinos, ya que gracias al Consejo Arbitral se reducen los costes de los litigios, en tiempo y dinero. En el marco del Plan Alquila sólo se han producido 62 demandas de arbitraje en los más de 20.000 contratos ya gestionados desde que arrancó esta iniciativa, en enero de 2008.
Estos datos contrastan con el aumento de un 16,8 por ciento en la morosidad en el mercado de arrendamiento en toda España, según el Fichero de Inquilinos Morosos de FIM Ibérica, y con datos del primer trimestre de 2010 respecto a 2009.
Según el FIM, la deuda media por impagos de la renta se ha situado en 8.182 euros, que alcanza los 14.967 euros en Madrid (con una morosidad del 18,6 por ciento), un notable contraste que denota la práctica desaparición de conflictos entre arrendadores y arrendatarios cuando cuentan con las garantías y los servicios de mediación y arbitraje del Plan Alquila regional.