AMPL.-Gallardón cree que la unidad de espionaje sí está dentro de la Comunidad pero rechaza establecer responsabilidades políticas

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, opinó hoy que la unidad de espionaje que presuntamente ha realizado informes sobre el vicealcalde, Manuel Cobo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ex consejero Alfredo Prada según informa 'El País', sí está dentro del Ejecutivo autonómico, aunque rechazó establecer responsabilidades políticas en este momento.

Según él, que coincide con lo dicho por el propio Prada esta mañana, "se sabe que se ha realizado esta investigación porque no se ha hecho tacha de falsedad de los documentos (mencionados por 'El País'), y que por lectura de los mismos estas personas están adscritas a una unidad de la Comunidad de Madrid".

"Leyendo los informes de 'El País' se llega a dos conclusiones: o son falsos o, si son auténticos, los autores de los informes mismos se confiesan parte integrante de una unidad perteneciente a la Comunidad, e identifican como elementos y espacios suyos a las personas y sedes de las distintas direcciones generales", expresó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que hoy duró casi una hora y media y a la que acudieron muchos más medios de lo habitual.

Sin embargo, continuó asegurando que está "a lo que digan los jueces" y rechazó establecer una línea de responsabilidad política entre esta unidad "parapolicial" y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, quien admitió al surgir esta polémica que los responsables de los informes que cita 'El País' fueron contratados por él mismo como "asesores".

"Es prudente y obligado esperar. Granados ha hecho lo que tenía que hacer, anunciar una comparecencia parlamentaria donde, estoy seguro, dará cuenta y razón de las actuaciones y de las responsabilidades de las mismas, y estoy seguro de que quienes hayan sido responsables de estas actuaciones fuera de la ley al nivel que haya sido tendrán que asumir sus propias responsabilidades", zanjó.

"Hablamos de hechos que tienen autores materiales pero no sabemos quiénes son, y cuando presenten la declaración correspondiente y digan si lo hicieron y por qué, si fue de motu propio o siguiendo instrucciones, se podrá extender su responsabilidad o no a otras personas, pero sin que estas personas hayan comparecido y hayan relatado los hechos, hacer una extensión de responsabilidades sería una irresponsabilidad", insistió.

CONNIVENCIA DE INTERIOR

Con respecto a las palabras del secretario de Comunicación del PP, Estaban González Pons, sobre la posible connivencia del Ministerio del Interior para realizar estas labores de espionaje, Gallardón sólo opinó que "estos hechos tan graves exigen una investigación que dé garantías a todos los ciudadanos, y eso debe hacerlo el Poder Judicial".

"Tendremos que estar todos a lo que (los jueces) digan, tendremos que saber si se ha realizado esa investigación y si se ha conseguido acceder a la identidad de los titulares de determinados vehículos por el acceso a bases de datos, saber quién ha entrado, preguntar si dejan un rastro las personas que, con autorización, tienen acceso, y cotejar las fechas para saber quién entró y si se facilitó o no esa información. No debemos anticipar ningún tipo de responsabilidad mientras no tengamos identificados a los autores. En estos momentos lo que tenemos es ganas de saber", añadió.

Por eso, Gallardón prefiere esperar a que la Fiscalía "delimite" quiénes son los responsables de estos hechos que, "aparte de éticamente reprochables, son ilegales", al margen de que la Comunidad de Madrid pueda realizar "un proceso de investigación interno". Sin embargo, consideró poco oportuno que el PP investigue por su cuenta a nivel de partido.

"No tengo que presumir que esos autores, cuya identidad desconocemos, estén directamente vinculados con el PP, y pedir una investigación interna dentro del partido sería acotar de forma que no tendría justificación hasta que no sepamos quiénes son los autores. A día de hoy no tenemos esta información", apostilló el regidor.

En cualquier caso, Gallardón aseguró que habla "cotidianamente" con el presidente popular, Mariano Rajoy, así como con el resto de miembros de los órganos directivos en los "frecuentes" Comités de Dirección. "Con la Comunidad la comunicación se ha mantenido a través de Cobo, que ha hablado con González y Granados y que en esta comunicación cruzada han trasladado las impresiones respectivas, también como protagonistas de la historia", añadió.

FALTA DE COMPETENCIAS

Por otra parte, el líder popular volvió a insistir en que estas acciones están "absolutamente fuera de la ley" por haberse realizado "sin autorización judicial y sin causa acordada por quienes tienen competencias en seguridad", que es materia "exclusiva de la Administración General del Estado", nunca de las comunidades autónomas.

"Los municipios tenemos competencias en seguridad, pero tampoco nos permitirían formar este tipo de unidades, que sólo están autorizadas si están a cargo de los servicios de inteligencia o investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El mismo hecho de la existencia de esta unidad nos parece inadecuado", insistió, subrayando que "si (estas acciones) hubieran sido retribuidas además con fondos públicos podrían incurrir en ilícito penal por una malversación de fondos públicos".

Además, negó tener noticia sobre si él o cualquier otro responsable municipal, además de Cobo, podría haber sido víctima de seguimientos, aunque consideró que eso "no sería lo más importante", ya que "la profesión (del investigado) es menos relevante que el hecho de que haya investigaciones ilegales de cualquier ciudadano".

Este razonamiento lo extendió también a las especulaciones sobre la finalidad que podrían tener los informes derivados de los seguimientos. "Creo que los hechos son de tal gravedad que no se puede de ninguna de las formas desviar la atención sobre quiénes son los investigados sino sobre quiénes investigan, ni tampoco al motivo, la razón, la pretensión o el objeto de cada una de estas investigaciones", reclamó.

Así, sea como consecuencia de la batalla en el seno de Caja Madrid o por las tensiones que se vivieron entre las últimas elecciones generales y el congreso del PP en Valencia, "lo que no puede ser es que se realicen estos hechos, y (las causas) no son justificativas ni elementos sustanciales, porque el hecho es en sí mismo absolutamente ilegal".

En cualquier caso, desvinculó "las diferencias que, como muchas veces", han tenido Ayuntamiento y Comunidad, y consideró que los ciudadanos no deberían "mezclar unos asuntos con otros". "Aquí hablamos de numerosas actuaciones fuera de la ley en la vida de la Comunidad de Madrid, y cada hecho merece su juicio de valor, no hay que hacer una valoración en conjunto de todos", concluyó, en referencia a la imagen de despropósito que podrían formarse los ciudadanos como consecuencia de un posible espionaje entre miembros del mismo partido y responsables de dos administraciones que deberían ser tan cercanas.