Asegura que el alcance penal de la norma excede de la Comunidad y serán los jueces quienes apliquen o no a todos la figura de autoridad
MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ANPE valoró hoy "muy positivamente" la Ley de Autoridad del Profesor que ayer fue aprobada por la Asamblea de Madrid, asegurando que es un "paso en el reconocimiento de la labor docente" pero insistió en la necesidad de no quedarse "aquí" y apostar por un reconocimiento a escala nacional.
Así lo explicó el presidente de ANPE, Nicolás Fernández, quien recordó que además de la Comunidad de Madrid, Valencia ya tiene en marcha otra normativa similar; en Cataluña, con su Ley de Educación se reconoce la autoridad a los directores; y en La Rioja y Extremadura hay dos iniciativas legislativas.
"Es necesario que la autoridad se reconozca en todo el ámbito estatal y esperemos que llegue muy pronto porque es una demanda muy grande que no tiene marcha atrás", apuntó Fernández, quien añadió que a pesar de que ya se han celebrado juicios donde se ha reconocido que una agresión a un profesor es un atentado contra la autoridad, "no se pueden quedar en este plano".
En su opinión, hay que continuar apostando por un reconocimiento de la autoridad "magistral", y destacar la capacidad de los profesores para tomar decisiones académicas, en referencia a la "libertad de cátedra". "Ahora se están dando buenos pasos en esta dirección, y hay que ir más allá de la autoridad moral", apuntó.
LOS JUECES DECIDEN
Preguntado por el hecho de que la nueva normativa contemple la autoridad para todos los profesores, incluidos los de la educación privada y concertada, Fernández, en declaraciones a Europa Press, indicó que el problema, en el caso de que lo haya, puede llegar en el ámbito penal, donde los jueces serán los que decidan.
"La Ley de Autoridad de la Comunidad de Madrid otorga protección no sólo a los funcionarios docentes sino también a los de los centros privados y concertados y en cuanto a los afectos que puede tener, no tiene por qué haber ninguna colisión jurídica", apuntó, no obstante.
El presidente de ANPE recordó que el Código Penal ya da una valoración de autoridad a lo que son funcionarios públicos pero también extiende esta consideración a figuras como los concejales, que no lo son, por lo que no tendría que haber ningún problema a la hora de poder otorgar dicha autoridad (cuando se busca el "atentado") a los profesores de la privada.
Sin embargo, reconoció que en el panorama actual, con leyes en distintas comunidades autónomas además de la presencia del Código Penal, sí que se puede producir "alguna disfunción en cuanto a la aplicación de las leyes en el plano legal". "Por eso nuestra preocupación es insistir en que debe ser una normativa a nivel estatal a la que exigir los contenidos y los límites de la consideración de autoridad", apostilló.
Mientras tanto, aseguró, la ley "al final" tiene que ser interpretada por los jueces, y recordó que, por ejemplo, hace tres o cuatro años no se calificaba como atentado a la autoridad una agresión a los profesores y ahora sí existen casos. "Es interpretativo y lo que estas leyes están lanzando es un mensaje de que la autoridad merece un reconocimiento social".
Es decir que, según Fernández, la nueva normativa de la Comunidad recoge la presunción de veracidad o la protección jurídica, entre otras cosas, para todos los profesores (pública, privada y concertada) pero el "alcance penal de la norma excede de la Comunidad de Madrid y tendrán que ser los jueces los que decidan si tienen esa protección".
En otra dirección, aseguró que la nueva ley no va a dar "impunidad" a los profesores, sino todo lo contrario, un "mayor grado de responsabilidad porque cuando haya una sanción ésta ahora será mayor". "No hay temor al abuso porque con la ley se le obliga (al profesor) a ser más exigente", recalcó Fernández.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
Por su parte, el presidente de ANPE Madrid, Francisco Melón, valoró muy positivamente la nueva ley "beneficiosa para la sociedad, la educación y el profesorado" y señaló que desde su sindicato se continuará "reclamando un nuevo paradigma educativo que garantice una verdadera igualdad de oportunidades, mediante el conocimiento, el mérito y el esfuerzo en un ambiente normalizado".
En este sentido, aseguró que la Ley de Autoridad tiene como objetivo "garantizar el derecho constitucional a la educación, mejorar la convivencia en los centros y aumentar así la calidad de la enseñanza". A su juicio, recoge no sólo las aspiraciones de los profesionales de la educación, sino también la demanda social de prestigiar y reforzar a los docentes "ante el aumento de la violencia escolar".
Como conclusión, para Melón, la nueva normativa supone el "reconocimiento institucional a su labor", pues al reforzar el prestigio, la dignidad y el honor de los docentes en el ejercicio de sus funciones, "no sólo garantizar la efectiva realización del Derecho Fundamental a la educación sino que ampara a toda la comunidad educativa".
