Archivo - Un niño juega en las instalaciones del CEIP Miguel de Unamuno, donde asociaciones y padres protestan por la instalación de 4 chimeneas de unas cocinas industriales frente al patio del colegio - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La concejala-presidenta de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva, se ha reunido este lunes con representantes de la Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Miguel de Unamuno, a quienes les ha trasladado su comprensión por la preocupación que siente en torno a la cocina industrial, como también que el Ayuntamiento debe "garantizar la seguridad jurídica" en la ciudad.
El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia que anula la licencia de la cocina industrial en el número 8 de calle Alejandro Ferrant, en Arganzuela, junto al CEIP Miguel de Unamuno. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha anulado la licencia concedida después del recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro. El Consistorio ha decidido recurrir siguiendo el consejo de los servicios jurídicos.
Hernández de la Riva ha querido escuchar las preocupaciones y necesidades de las familias y darles traslado de la motivación jurídica por la cual el Ayuntamiento ha recurrido.
Aun no siendo competencia del distrito, la concejala se ha comprometido a solicitar la información sobre lo planteado en la reunión al Área de Desarrollo Urbano.
La edil ha mostrado su "comprensión ante la preocupación de las familias". "Es la razón por la que me he reunido con ellas en varias ocasiones y también con el director del colegio, sin ser competente para tomar decisiones al respecto. Sí me he comprometido a trasladar sus inquietudes. No obstante, el Ayuntamiento también está en la obligación de garantizar la seguridad jurídica en la ciudad. Estoy convencida de que se velará por el interés general y se alcanzará una solución satisfactoria para todos", ha declarado la concejala en un comunicado.
El Ayuntamiento revisará toda la licencia porque sí hay una duda respecto a los antecedentes del local fruto de la documentación aportada en el proceso judicial, por si pudo haber un cambio de uso en los años 60. Se estudiará toda la documentación y si se comprueba que ese cambio de uso existió, se revocará la licencia.