La Audiencia de Madrid ordena por segunda vez que se investigue la muerte a golpes de un autista en una residencia

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza de Instrucción número 45 de Madrid por segunda vez investigar la muerte la noche del 14 al 15 de mayo de 2020 de un joven de 28 años con autismo a golpes en una residencia de discapacitados de la comunidad de Madrid.

En un auto fechado el pasado 24 de septiembre, al que tuvo acceso Europa Press, el juez estima el recurso de apelación interpuesto por los padres del chico, a través del abogado Juan Gonzalo Ospina del despacho penalista Ospina Abogados contra el auto por el que el pasado mayo la instructora archivaba el caso.

De este modo, los magistrados ordenan a la jueza que se pronuncie sobre la admisibilidad de las pruebas solicitadas por las partes. No es la primera vez que la Audiencia de Madrid da un tirón de orejas a la instructora. Ya en diciembre de 2020, ordenó la reapertura de la causa dado que el sobreseimiento se dictó sin tener en su mesa el informe policial.

Este segundo archivo se produjo después de que cuatro trabajadores de la residencia declararán el pasado 27 de abril. En su declaración, los investigado negaron los hechos que se les imputan y manifestaron que esa noche "no vieron nada" a pesar de ser las últimas personas que estuvieron con el joven antes de ser trasladado al hospital.

La citación se produjo después de que en diciembre de 2020 la Audiencia madrileña ordenara investigar los hechos a instancias de un recurso presentado por la familia a través de Ospina Abogados contra el archivo del caso.

El vuelco de la causa se produjo porque cuando tuvo lugar el archivo "la instructora no disponía aún del informe policial sobre los hechos", pero en el momento de resolver el previo recurso de reforma, sí".

El abogado Juan Gonzalo Ospina ha destacado que se está "hablando de una muerte violenta de un chico con una discapacidad y que no se pudo defender de sus agresores". "Los hechos son gravísimos. No comprendemos cómo un juez puede dictar dos veces un archivo sin llevar a juicio a los posibles asesinos", ha aseverado.

"La verdad irrefutable es que la víctima estaba viva, y minutos después tras un cambio de turno de sus cuidadores sufrió una muerte producida por policontusiones", ha agregado.

Además, se ha mostrado "muy satisfecho" por el hecho de que la familia vuelva a ver "una luz de esperanza confiando algún día en conocer la verdad de la muerte de su ser querido".

GRAVES LESIONES

El chico, que sufría un 92% de discapacidad intelectual, llevaba nueve años ingresado en esta residencia. La familia recibió el 14 de mayo de 2020 a las diez de la noche una llamada en la que les dijeron que "el pequeño había sufrido un ataque respiratorio pero que no se preocupasen porque ya estaba en camino al hospital".

El menor ingresó en el hospital a las 00.00 horas pero ya había perdido la vida. Presentaba hematomas en todo el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. Desde la residencia les manifestaron que su hijo se autolesionaba.

El mismo día del fallecimiento alguien de la residencia llamó a la madre del menor y le informó que "había sufrido una agresión, habiendo sido golpeado en la cabeza y en el tórax y que por eso había muerto, que tenía que denunciar los hechos para no que no quedara impune el asesinato".

HEMATOMAS EN CABEZA Y CUELLO

Según su letrado, la familia se encargó de conseguir todos los partes médicos en los que constaba que el menor tenía hematomas en cabeza y cuello, siendo "la verdadera razón de su muerte una parálisis cerebral".

La sección de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial fue el órgano encargado de realizar las pesquisas urgentes de investigación, trasladándose a la residencia y tomándole declaración a todo el personal.

Se solicitó entonces las cámaras de videovigilancia sin que las mismas fuesen aportadas correctamente, y consiguiente el historial clínico del menor fallecido.

Tras la práctica de las oportunas pesquisas, la Policía remitió su atestado al juzgado de instrucción, donde prestó declaración al personal sanitario de la residencia. Los facultativos manifestaron que el menor se golpeaba solo y que por eso tenía hematomas, pero que ninguno de ellos manifestó tener conocimiento sobre hechos delictivos.

Pese a que la madre negara que su hijo se autoninflingiera y que la Policía hubiese intuido que el fallecimiento pudo haber sido provocado por alguno o algunos de los cuidadores del menor, el juzgado de instrucción decidió archivar el caso por entender que no había autor conocido y que los indicios de criminalidad no eran suficientes para continuar la investigación.

La familia contrató al despacho penalista Ospina Abogados para que representara sus derechos como acusación particular. Recurrieron el auto de archivo alegando la existencia de "indicios de muerte violenta, posible complicidad entre los autores del delito e incluso posible asesinato".

Tras ello, la Audiencia estimó el recurso y ordenó al juez instructor continuar con la investigación del caso para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para hacerse de las videograbaciones del interior de la residencia y conocer quién el último facultativo que entró en la habitación del fallecido.