MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están incumpliendo su compromiso de desmantelar varios poblados chabolistas de la ciudad y de realojar a las personas que viven en ellos, lo que provocará que unas 2.500 personas se queden sin hogar, según denunció hoy UGT.
El sindicato recordó que en 2008, las dos administraciones madrileñas firmaron un convenio por el que se comprometían a desmantelar los poblados de Cañaveral, las Mimbreras, Santa Catalina y Ventorro antes de 2011, así como a realojar a los vecinos de esas zonas, financiado dicho proceso al 50 por ciento.
Para ello, debían presupuestar un total 110 millones de euros entre ambos gobiernos, un dinero que no se ha visto reflejado en las cuentas, según UGT, que achacó esta situación a que "han proliferado los problemas de coordinación, lo que ha impedido una actuación eficaz".
Sin embargo, el sindicato asegura que "las excavadoras han continuado demoliendo chabolas, de modo que unas 45.000 personas se encuentran actualmente sin vivienda, abandonadas por la escasa previsión de las dos administraciones".
Por otra parte, la plataforma sindical criticó que en el convenio de 2008 no se incluyera la Cañada Real Galiana y, sobre todo, el Gallinero, "el mayor núcleo chabolista de la región", y criticó la "incoherencia de las administraciones madrileñas", que ya en su momento subrayaron que ese problema es tan complejo que necesitaba de una solución propia y específica.
Finalmente, UGT criticó la "poca sensibilidad" de ambos ejecutivos hacia "los colectivos que se encuentran en situación de exclusión social y bajo el umbral de la pobreza, especialmente ahora que se celebra el Año Europeo contra la pobreza y la exclusión social".
Por ello, exigió que se cumpla "con carácter inmediato" el convenio y se "actúe con contundencia para evitar que estas 45.000 desamparadas queden literalmente en la calle, en medio de este invierno particularmente crudo, por culpa de negligencias administrativas de las que son de todo punto ajenas".
LA COMUNIDAD "CUMPLE"
Ante estas críticas, el Gobierno regional afirmó hoy que el Instituto de Realojo e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS) cumplirá con su parte del convenio y realojará "sin excepción" a los vecinos de los poblados chabolistas comprometidos, indicaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda.
Así, recordaron que el IRIS actúa siempre en base a los convenios firmados con los ayuntamientos y se encarga exclusivamente de los realojos, mientras que los derribos deben estar avalados por una sentencia judicial y dependen de la disciplina urbanística municipal, ya que se trata de ocupaciones ilegales de terrenos en un término municipal.
Además, el departamento que dirige Ana Isabel Mariño manifestó que el Instituto participa y colabora con todos los recursos posibles en el realojo de las familias que cumplan los requisitos que se fijan en estos convenios previos, "como se hizo antes con mucho éxito y reconocimiento de todo el mundo en el Cañaveral y antes en el Salobral y tantos otros".
En el caso de este último convenio firmado en 2008 al que se refiere UGT, la Consejería de Vivienda indicó que los plazos "se están cumpliendo" para desmantelar los poblados. Eso sí, destacó que antes se requiere un trabajo previo muy importante de información a las familias. Una vez se complete, el desmantelamiento se produce en un breve periodo de tiempo.
EL CONVENIO
El 29 de octubre de 2008, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, firmaron un convenio en el que se comprometían a invertir 110 millones en ocho años para desmantelar los núcleos chabolistas de El Cañaveral (Vicálvaro, 118 familias), Mimbreras II (Latina, 121 familias), Santa Catalina (Puente de Vallecas, 171 familias) y El Ventorro (Villaverde, 89 familias).
En virtud del acuerdo, las personas que se alojan en chabolas deben ser realojadas en barrios cercanos a su poblado por el IRIS, mientras que de los que viven en casas prefabricadas debería hacerse cargo el Ayuntamiento, que los llevaría a viviendas por las que deberían pagar 80 euros de alquiler.
Además, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) debe efectuar una aportación económica al IRIS equivalente a 110.000 euros por familia realojada y, al finalizar cada anualidad, la Comunidad debe acreditar el grado de cumplimiento de los realojos previstos, teniendo en cuenta que ni los pisos ni el suelo dejarán de ser nunca propiedad de las administraciones.
A posteriori, el Ejecutivo autonómico deberá realizar un seguimiento de la integración social y vecinal de las familias chabolistas, quienes recibirán asimismo cursos específicos sobre el uso de las viviendas verticales y para que adquieran hábitos higiénicos y de convivencia.
Para poder ser realojadas, las familias deben cumplir ciertos requisitos: el solicitante debe ser mayor de edad y los miembros de la familia deben residir y estar empadronados en el barrio afectado antes del 31 de diciembre de 2008. Además, no pueden tener bienes inmuebles en todo el territorio nacional ni haber sido adjudicatarios como titulares de una vivienda de protección o de un contrato de arrendamiento sobre una casa en el mercado libre.
EL PROCESO NO ESTÁ PARALIZADO, SEGÚN EL AYUNTAMIENTO
Por otra parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid manifestaron que el proceso de desmantelamiento no está paralizado. De este modo, explicaron que en el poblado de Las Mimbreras II, incluido en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad para la erradicación del chabolismo, se han estado demoliendo las chabolas de aquellas personas sin derecho a realojo, "y en las próximas semanas, comenzarán los realojos de aquellas familias que sí cumplen los requisitos para acceder a una vivienda protegida".
"El compromiso de la ciudad de Madrid es acabar con la exclusión social y lograr la integración de las personas y grupos más desfavorecidos. El programa 2003-2011 para erradicar el chabolismo contempla la eliminación de 2.068 infraviviendas, de las que a día de hoy se han desmantelado 1.530, lo que supone el 73 por ciento del objetivo global", señaló la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).
Además, recordó que el proceso de realojo no termina en el momento en el que las familias pasan a habitar viviendas dignas, "sino que se articulan otras medidas en ámbitos como la educación, el empleo, la salud o la cultura, que les permiten avanzar en el proceso que comienza con el cambio de vivienda y que termina con su completa integración en la sociedad".
