MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El 'caso Guateque', en el que se investiga una presunta trama de tráfico ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denominado Tribunal de Estrasburgo, después de que uno de los imputados haya denunciado ante la sede judicial europea la vulneración de varios derechos recogidos en los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derecho Humanos.
Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, la demanda se sustenta en la vulneración del derecho a un proceso equitativo y el derecho a la libertad y seguridad por la denegación de una prueba por parte del juez instructor Santiago Torres y de la Audiencia Provincial de Madrid, así como la imposición de "medidas desproporcionadas" a los imputados.
Varios de los supuestamente implicados en la trama solicitaron al magistrado que identificara a la persona que colaboró con la Guardia Civil en la localización de 87 expedientes sospechosos de la Concejalía de Medio Ambiente.
El juez rechazó la prueba, por lo que se recurrió ante la Audiencia madrileña. Después de que esta sede judicial lo volviera a denegar, se solicitó el amparo ante el Tribunal Constitucional y éste lo rechazó.
"El caso es una auténtica aberración jurídica", denunció el abogado de uno de los demandantes, quien se quejó de que el juez haya hecho con los imputados "un escarnio" desde el inicio de la causa judicial. Además, denunció que el magistrado ha vulnerado "innumerables derechos por las medidas desproporcionadas impuestas a los imputados", tachados de "culpables desde el principio".
RESOLUCIÓN DE RECURSOS
Por otro lado, el proceso se encuentra estancado a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso interpuesto por la Fiscalía de Madrid y por una decena de abogados defensores contra la decisión del juez de que sea un jurado popular el que enjuicie los hechos al predominar el delito de cohecho en los imputados.
Al conocer el auto de Torres para transformar la causa por los trámites de la Ley Orgánica del Jurado Popular, el Ministerio Público y los letrados de varios de los imputados acordaron interponer un recurso de apelación ante la Audiencia madrileña al entender que prevalece el delito de prevaricación, sobre el que no tiene competencia el Tribunal del Jurado.
Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que si la Audiencia estima los recursos, la investigación podría seguir adelante, mientras que en caso contrario se tendría que citar a las partes para informarlas de los delitos que se les imputan, conforme a lo establecido por la Ley que regula los procedimientos seguidos por el jurado popular.
El juez Torres argumentó su cambio de postura en aplicación de la última doctrina del Tribunal Supremo derivada de la sentencia que el pasado 26 de junio anuló el juicio que celebró la Audiencia Provincial de Barcelona por el asesinato y violación de dos guardias civiles.
El Alto Tribunal revocó la sentencia que condenó a Pedro Jiménez a 83 años por considerar que el delito más importante, el de asesinato, obliga a juzgar el resto de imputaciones también con jurado, algo que supuso una novedad a la hora de aumentar el número de casos vistos por jurados populares.
El instructor del 'caso Guateque' entiende que el delito de cohecho, que es competencia del Jurado Popular, prevalece sobre el resto de imputaciones, como los delitos urbanísticos o las falsedades documentales. Estos tipos delictivos no son competencia de la Ley del Jurado Popular.
Sin embargo, la Fiscalía de Madrid y los letrados entienden que la complejidad de la causa impide que se juzgue a través de este procedimiento. En el caso de que se enjuicie por un tribunal ordinario, la vista oral podría alargarse hasta seis meses, mientras que si recae sobre un Tribunal de Jurado se podría ampliar durante mucho más tiempo.
En concreto, el Tribunal de Jurado tiene competencia para enjuiciar delitos investigados en el 'caso Guateque', como los cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
La 'Operación Guateque' estalló el 14 de noviembre de 2007 con la detención de 16 personas, entre ellos varios funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales. Los principales imputados son Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos. Además, varios concejales de distrito están implicados en la causa penal.
