MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. ha culpado este miércoles a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, del conflicto con los trabajadores de Metro de Madrid y ha denunciado que está burlando del Consejo de Consumo al alentar el enfrentamiento entre usuarios y trabajadores del suburbano.
El Consejo de Consumo fue convocado para celebrar este miércoles una reunión con un único punto: "Valorar la situación general de los usuarios del Transporte público con motivo de la huelga llevada a cabo en el Metro de Madrid", una materia no contemplada en las competencias de la institución.
Una vez anunciado por los trabajadores del Metro el cumplimiento de los servicios mínimos, la desconvocatoria de la huelga durante el fin de semana y una nueva asamblea para el lunes, el Gobierno regional desconvoca el Consejo de hoy y lo convoca para el lunes, a la 13.30 horas, justo después de la citada asamblea.
Por ello, el sindicato ha considerado esta actuación "impresentable" al haber considerado que "la presidenta descubre sus intenciones de provocar un enfrentamiento entre usuarios y trabajadores". "Lejos de atemperar el conflicto y buscar salidas negociadas, se alienta desde el Gobierno", ha denunciado CC.OO.
CC.OO. ha exigido al Gobierno regional y a la Dirección de la empresa Metro que aprovechen la invitación de los trabajadores y trabajadoras, se sienten a negociar una salida al conflicto y terminen con las provocaciones.
Para este sindicato, "la culpable del conflicto en el Metro de Madrid es la presidenta regional, ya que la supuesta Ley de Medidas Urgentes para la adecuación del Real Decreto Ley 8/2010, se introduce en competencias que no tiene la Comunidad de Madrid".
"Ni puede rebajar los sueldos de una empresa regida por el derecho mercantil privado ni puede reventar un convenio. Así se produce la paradoja de que trabajadores de empresas públicas similares como Renfe (depende del Estado) y EMT (depende del Ayuntamiento de Madrid) ven respetados sus convenios y los que trabajan en Metro, no. Una diferencia de trato que Aguirre tendrá que justificar", ha aseverado el sindicato.
Así, ha denunciado que "a sabiendas de su ilegalidad, ante la imposibilidad legal efectiva de los afectados de cambiarlo (se precisa un recurso ante el Constitucional), se aprobó la Ley". "Y con ello se provocó un deterioro en la movilidad de los madrileños y madrileñas que el Gobierno debiera haber previsto", ha añadido.
"Y se siguió en las ilegalidades con la orden de servicios mínimos. Unos servicios mínimos abusivos e ilegales según ha estimado el Tribunal Supremo sobre Órdenes similares de conflictos pasados. No solo se limita el derecho de huelga sino que se utilizan de forma calculada para hacerla fracasar", ha concluido.
