Solicitan una reunión con la consejera de Educación para llegar a un acuerdo sin perjudicar a nadie
MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Paco García, aseguró hoy que con la sentencia conocida hoy sobre la Orden de colegios bilingües de la Comunidad de Madrid es la "tercera vez en un mes" que los tribunales anulan "decisiones ilegales" del Gobierno regional.
"Es la tercera vez que en el plazo de un mes los tribunales anulan las decisiones ilegales del Gobierno regional, y en este caso, porque el Supremo considera que no se han respetado los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales representativas", apuntó.
En declaraciones a Europa Press, García explicó que en la sentencia del Supremo queda claro que la Comunidad debería de haber dado "audiencia" a los sindicatos a la hora de seleccionar dichos centros con la Orden, teniendo en cuenta que de dicho texto se derivaban "decisiones" que afectaban al profesorado.
"Nos parece muy grave que esto ocurra", apuntó el sindicalista, quien señaló que el problema es que, además, este Gobierno "en uso de su mayoría absoluta insulta a los sindicatos tildándoles de anacrónicos". "Ya van tres (sentencias) en un mes y parece que en situación de anacronismo está el Gobierno regional, que se coloca en una posición preconstitucional", añadió.
Y el problema, según García, está en que "no escuchan a los sindicatos "y no respetan las leyes que regulan". "Como no lo hacen, les pueden pasar estas cosas", señaló, al tiempo que indicó que esta situación coloca a los ciudadanos en "una situación de inseguridad jurídica" en general.
Ante todo, aseguró que aspiran a ser "más responsables" que el Gobierno regional y que por ello no van a tomar ninguna decisión "que perjudique a los centros, al profesorado, a los alumnos y a las familias". "Desde la responsabilidad vamos a estudiar la sentencia", indicó.
Posteriormente, solicitarán una reunión con la consejera de Educación de la Comunidad, Lucía Figar, "para analizar las consecuencias y la mejor manera de restablecer la legalidad que se ha vulnerado sin perjudicar a nadie" en referencia a los centros, profesores y estudiantes.
"No queremos perjudicar a nadie", insistió, al tiempo que lamentó que la "actitud autoritaria" de la Comunidad de Madrid les obligue "a recurrir reiteradamente" decisiones que toman en el ámbito educativo de la región.
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