CCOO y UGT piden al presidente del CES que reclame al Gobierno el envío del anteproyecto de ley de autoridad

Actualizado: jueves, 28 enero 2010 17:18

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT y CC.OO. pidieron hoy al presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid, Francisco Cabrillo, que reclame al Gobierno regional el envío a este organismo del anteproyecto de ley de Autoridad del Profesor, que ha sido remitido a la Asamblea sin su previo dictamen.

En un comunicado, ambos sindicatos consideraron esta situación como "muy grave" al incumplir, por parte del Ejecutivo Madrileño, "la obligación que establece la ley de remitir al Consejo Económico y Social", órgano en el que están representados los agentes sociales, los proyectos de ley y decretos sobre la política económica y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

En la misiva, tanto CC.OO. como UGT escriben a Cabrillo para denunciar y reclamar al Gobierno regional que con el Anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado sean debatidos sus contenidos y para que, en aplicación con sus funciones, se emita el oportuno dictamen por parte de esta Institución.

Así, recuerdan que en la Ley de Creación del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid se explica que entre sus funciones está la de "emitir informe preceptivo no vinculante, con carácter previo a la aprobación de Proyectos de Ley y Decretos del Consejo de Gobierno sobre la política económica y social de la Comunidad de Madrid".

Se trata, según explican, de una responsabilidad que "es de imposible cumplimiento" si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no remite los anteproyectos de ley o decreto de contenido económico y social, "en tiempo y forma".

Por otro lado, reconocen que el Gobierno habitualmente da cumplimiento a esta previsión legal, y que, es precisamente por eso, que les resulta "sorprendente" que en el caso del Anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado no haya sido así, "máxime si se tiene en cuenta el calado y expectativa social sobre su contenido y alcance".

En definitiva, consideran que el hecho de que se cumpla prácticamente siempre con la previsión de la Ley de Creación del CES y de vez en cuando no, les hace pensar que se trata de una decisión "premeditada, sopesada e intencionada, que solo consigue eliminar pluralidad del debate concreto y ningunear a conveniencia una institución como el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid".

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