CEIM quiere limitar los plazos de duración de la baja

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La confederación madrileña de empresarios CEIM-CEOE quiere limitar los plazos de duración de la baja laboral para que en seis meses se determine si procede el alta, según se recoge en su 'Plan 400.000 empleos', presentado este lunes por el presidente de la organización, Juan Pablo Lázaro.

En este documento con medidas, los empresarios apuestan por limitar los plazos de duración de la incapacidad temporal, de modo que en seis meses se determine finalmente si procede el alta o el paso a invalidez provisional o definitiva.

Además, aboga por estudiar la posibilidad de una tarifa plana en contratación para pymes o por "un contrato laboral específico para la pyme" que no sea el genérico utilizado por la gran empresa.

A juicio de CEIM, "se debería reducir la cotización durante la baja laboral del autónomo" y "otorgarse a las Mutuas la posibilidad de declarar el alta del trabajador".

DIFERENCIAR EL DERECHO A INFORMACIÓN EN HUELGA DE MEDIDAS VIOLENTAS

La Confederación empresarial también habla de las huelgas. En este ámbito considera que "debería regularse claramente el contenido del derecho de información durante la huelga diferenciándolo de toda media coactiva o violenta y estableciendo qué actuaciones se consideran como labor de información sobre la convocatoria".

"Ha de protegerse eficazmente a los trabajadores que no deseen secundarla. Los piquetes informativos ya no tienen sentido en el marco actual de comunicaciones", sostienen.

En esta línea, ven "imprescindible la regulación de la ejecución sustitutoria inmediata en los casos en que no se respeten los servicios mínimos en supuestos de huelga que se convoque sobre servicios esenciales o estratégicos para la Comunidad, sin demorarse su aplicación en perjuicio de los ciudadanos y del resto de las actividades económicas".

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

En otro orden de cosas, los empresarios madrileños creen que debería promoverse de manera "urgente" la aprobación de una Ley de Protección Integral de la Maternidad, cuyas medidas contemplen una financiación pública, facilitando con poyo de las administraciones la conciliación, evitando que recaigan sobre la gestión de la empresa las medidas que se están aprobando en los últimos tiempos, como por ejemplo, la ampliación de la edad de los hijos que faculta la posibilidad de solicitar la reducción de jornada.

Asimismo, consideran que debe "revisarse la imposición a la empresa de asumir peticiones de reducción de jornada por cuidado de menores y dependientes, así como la excesiva protección jurídica que conlleva".

Proponen también una revisión del régimen de reducción de jornada, a la par que políticas sociales más favorables a la conciliación familiar y laboral.

Por otra parte, CEIM considera que "habría que revisar el elenco de prestaciones de la Seguridad Social para excluir las que poco tienen que ver con el factor trabajo, sino que vienen a suponer políticas públicas que, en su caso, habría que abordar con otras fuentes de financiación". Éste es el caso, a su juicio, de la prestación por paternidad o la de atención a familiares con enfermedades graves.

Además, propone que las empresas que generen incremento en el empleo neto en un ejercicio superior o igual al uno por ciento de su plantilla vean reducida su cotización a la Seguridad Social en al menos un punto, y creen que "debe recaer sobre la Seguridad Social y no sobre la empresa la cuantía de las prestaciones sociales por incapacidad temporal del 4º al 15º día de baja".