El consejero de Vivienda y Política Territorial, David Pérez, posa tras una entrevista con Europa Press.
El consejero de Vivienda y Política Territorial, David Pérez, posa tras una entrevista con Europa Press. - Ricardo Rubio - Europa Press
Actualizado: martes, 8 septiembre 2020 12:36

Los afectados por  la venta de estas viviendas exigen que se aplique la sentencia "a todos y no solo a uno"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid acata y "está ejecutando" la sentencia del Tribunal Supremo de marzo que ratificaba la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo IVIMA en 2013 al fondo Golman Sachs-Azora y no ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Consitucional (TC) contra esta decisión judicial.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, están ejecutando "exclusivamente" la sentencia de este proceso, iniciado por un propietario, cuya vivienda "vuelve a manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) --antiguo Ivima-- y él se convierte nuevamente en inquilino del ente".

"Ahora tendrá que negociar las condiciones del alquiler", han señalado las mismas fuentes, que han recordado que en el auto del TS "no figura que la Comunidad tenga que recuperar las 3.000 viviendas" y han añadido que "ya se han vendido 1.213 viviendas de las 2.935 totales que hubo en la operación".

En este punto han insistido en que el Juzgado 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha señalado que "esta sentencia solo afectaría a el o los recurrentes y no al conjunto de las 3.000 viviendas".

El Gobierno autonómico había interpuesto un incidente de nulidad contra la sentencia del TS que ratificaba la previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba nula esta operación; una enajenación de 32 promociones de vivienda en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Ecasa Cibeles S.L.

El TS, en la sentencia que corroboraba la decisión del TSJM, argumentaba que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo "no se ha justificado debidamente" (de forma específica) que esas viviendas concretas vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA".

Además, exponía que los argumentos aportados por ambos recursos "evidencian la carencia de interés casacional". Así, por ejemplo, se reclamó por parte de la Comunidad en su incidente de nulidad contra la ratificación del TS que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia), aspecto que rechaza el TS por no tener relación con el fallo del TSJM.

Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones).

Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

AFECTADOS RECLAMAN QUE SE APLIQUE A TODOS LA SENTENCIA

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima ha exigido este martes a la Comunidad de Madrid que acate "para todos y no solo para uno".

"Las vueltas que dan para no hacer las cosas como tienen que hacerlas... Solo quieren aplicarlo a este señor de Navalcarnero, que es por donde se ha entrado, aunque la sentencia habla en general de las viviendas y no solo de una", ha censurado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la plataforma, Montse González; mientras que el Ejecutivo autonómico ha negado que afecte a todos, sino "solo a los recurrentes".

Montse González ve en este movimiento del Gobierno autonómico un intento de "alargar" un proceso "que lleva en marcha siete años" y tacha de "excusa" el planteamiento. "Él está en la misma situación que los demás", ha incidido.

En este punto ha exigido que "se pongan a trabajar" porque esta situación "viene de largo", entiende que se está buscando que se vayan "todos" para "decir que no queda nadie y que no importa ya el proceso".

"Nos están arruinando la vida, hay una sentencia firma y solo quieren aplicarla a uno. Solo se escaquean y ponen trabas... Mantengo la calma cuando sale una buena noticia, porque me va a venir una mala después. Vamos a seguir peleando hasta el final", ha advertido.

Además, ha reprochado que, tras un proceso largo y lleno de complicaciones, se "escuden" en que se han "vendido muchas" y entiende que lo que deberían hacer es "llegar a acuerdos con los propietarios actuales y solucionarlo para todos". "¿Quieren que nos quedemos así hasta que nos muramos de pena?", ha cuestionado.

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