La Comunidad iniciará el 1 de julio la inspección para controlar las cifras de absentismo en los centros educativos

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid comenzará el próximo jueves, 1 de julio, con los trabajos de inspección para controlar las cifras de absentismo laboral que, según la consejera de Educación, Lucía Figar, alcanza a 5.000 docentes diarios en centros educativos no universitarios.

En concreto, la semana que viene se activará "un sistema de reconocimientos médicos a aplicar a los mutualistas en situación de incapacidad temporal por facultativos del Instituto Nacional para la Seguridad Social", dentro del plan especial de inspección aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de mayo.

"Se trata de que haya más control de gasto público, algo que los ciudadanos nos exigen en una situación tan difícil como la actual, y evitar actuaciones fraudulentas que suponen un agravio para los empleados públicos que cumplen con su obligación y es un elemento injusto y desmotivador", indicó Figar.

La responsable de Educación recordó que la Comunidad de Madrid ha sido la primera en poner en marcha un plan especial de estas características, cuyo objetivo es "conseguir que el nivel de absentismo por este motivo entre los profesionales de la Consejería de Sanidad, Educación y Familia y Asuntos Sociales se adecue a las necesidades clínicas reales y se eviten prácticas abusivas".

En la Consejería de Educación calculan que el absentismo en centros educativos no universitarios se acerca al 10 por ciento, lo que implica que 5.000 docentes cada día faltan a su puesto de trabajo. Esto, según Figar, supone un coste de 120 millones de euros anuales, lo que les anima a actuar "porque esa cifra esconde fraude".

En este sentido, se hará un control médico adecuado "en beneficio de los que sí padecen una causa de incapacidad". Es, en definitiva, "un plan en defensa de los trabajadores para perseguir a quien está de baja de manera fraudulenta y apoyar a quienes sí cumplen con sus obligaciones".

Para ello, contarán con la Inspección sanitaria y el personal médico de la Consejería de Educación. Además, esperan contar con la colaboración del Ministerio de la Presidencia, pues la mayoría de los docentes, unos 42.000, están integrados en la mutualidad de MUFACE. El resto se acoge al Régimen de la Seguridad Social.