Comunidad recuerda que los decretos para el reparto forzoso de menores siguen recurridos y subraya que atiende a 120

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha subrayado este miércoles que los Reales Decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez para "imponer" el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta y Canarias continúan recurridos y en estudio en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional y ha remarcado que el Gobierno regional ya ha atendido a un total de 120.

Así lo han apuntado desde el Gobierno regional tras haber rechazado el Tribunal Supremo la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid de suspender doce actos administrativos de traslado a la región madrileña de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta y Canarias.

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han recordado que la Comunidad ya ha atendido a un total 120 menores procedentes de Canarias y de Ceuta, "algunos de ellos trasladados como paquetes y en contra de su voluntad".

SOLICITANTES DE ASILO

De forma paralela, la Comunidad de Madrid ha apremiado al Gobierno central a acelerar los trámites para iniciar la acogida de menores solicitantes de asilo, tras haber atendido desde la Administración regional en el último año a 117 menores que han pedido protección internacional, una competencia exclusiva estatal.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha enviado este mismo miércoles a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un escrito en este sentido.

Todo ello tras la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del pasado 18 de diciembre en la que se requiere al Gobierno a garantizar el acceso al Sistema Nacional de Acogida a menores no acompañados solicitantes de asilo en servicios de acogida de la Comunidad de Madrid, en la que se fijaba un plazo "improrrogable" de 30 días.

"Teniendo en cuenta que el auto de referencia fue dictado hace ya 40 días, y ante la proximidad del vencimiento del plazo fijado por el Tribunal Supremo para su cumplimiento, solicitamos que se adopten con la máxima celeridad las medidas necesarias para garantizar el acceso real y previo al SAPI --Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional-- de los menores solicitantes de protección internacional, en estricto cumplimiento del mandato judicial", se alega en el escrito.

Desde el departamento que dirige Ana Dávila han explicado que el pasado día 30 de diciembre se remitió al Ministerio un primer listado de diez menores próximos a alcanzar la mayoría de edad, con el fin de facilitar su acceso inmediato y efectivo al SAPI siendo aún menores, "tal y como exige expresamente el auto del Tribunal Supremo".

No obstante, explica, en comunicaciones recibidas los días 30 de diciembre de 2025, 5 de enero y 13 de enero de 2026, se han asignado citas para el acceso al SAPI exclusivamente a partir del cumplimiento de la mayoría de edad "e incluso en algunos casos más allá del plazo máximo fijado por el Tribunal Supremo".

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

"Esta práctica resulta contraria tanto al tenor literal como a la finalidad de la medida cautelar acordada, que exige que las actuaciones se desarrollen bajo el principio del interés superior del menor", puntualizan desde la Consejería.

En la misma línea, desde el departamento de Ana Dávila se ha recalcado que también "preocupa" que en dichas comunicaciones se solicite "expresamente" documentación acreditativa de la mayoría de edad. En su opinión, esto "confirma que el acceso al sistema se está articulando únicamente una vez extinguida la tutela administrativa, situando a estos jóvenes en un riesgo evidente de desprotección".

En cualquier caso, desde la Comunidad de Madrid han reiterado su "plena disposición" a seguir prestando la colaboración necesaria para la correcta ejecución de la resolución judicial "siempre en el marco del respeto al principio del interés superior del menor y al cumplimiento estricto del auto del Tribunal Supremo".

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han recordado que la Comunidad ha atendido en el último año a 117 menores que han pedido protección internacional, a pese de ser una "competencia exclusiva estatal". Mientras, hasta la fecha, "el Gobierno no se ha hecho cargo de ni un solo menor solicitante de asilo", sin dar cumplimiento así al citado auto del Supremo.