Pide al alcalde de Fuenlabrada que exija al presidente del Gobierno, "poner orden al caos migratorio que ha generado su Gobierno"
MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha vuelto a activar las obras del centro de menores de La Cantueña, en el municipio de Fuenlabrada, que tendrá una capacidad aproximada de 100 plazas en una primera fase y estará operativo en el segundo semestre de este año, una vez concluya la reforma.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, han visitado hoy el futuro centro, que constará de 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.
El edificio, que contará con una inversión de casi 7 millones de euros, dispondrá de distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración.
Estas obras se reinician después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid haya suspendido forma cautelar el decreto municipal por el que se paralizaban los trabajos de adecuación que ya había comenzado la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo autonómico ha alertado desde el pasado mes de octubre, en distintas reuniones técnicas y a través de distintas vías, de la llegada descontrolada de inmigrantes a la región debido a la crisis migratoria que vive España por la mala gestión del Gobierno central, lo que está provocando que los recursos regionales de acogimiento residencial destinados a la protección a los menores tutelados se vean tensionados.
"CAOS MIGRATORIO"
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha pedido al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que se sume a la Comunidad de Madrid a la hora de exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "poner orden al caos migratorio que ha generado su Gobierno".
"Es precisamente el Gobierno central el que está situando a los menores no acompañados en las distintas regiones sin coordinación alguna con las comunidades autónomas. Por eso, pido al alcalde que deje trabajar a la Administración, porque estas obras van a seguir adelante para atender a los menores con todas las garantías en unas instalaciones adaptadas a sus necesidades", ha defendido.
Al consejero le parece "curioso, cuando son las políticas del Gobierno de Sánchez incapaces de controlar las fronteras y provocar esta situación, que un alcalde no quiera que estos menores no acompañados puedan ser atendidos en perfectas condiciones y como marca la ley".
"La Comunidad de Madrid hace lo que le corresponde y cumple con la legalidad, cumplir con la normativa y exigirle a Pedro Sánchez, exigirle al gobierno de España que trate de reconducir la situación, que ponga freno a este caos en la política migratoria", ha dicho.
"Y, mientras tanto, somos las comunidades autónomas las que responsablemente tenemos que atenderles y por eso la rehabilitación de este centro que estaba en desuso, que el Ayuntamiento no se había interesado por él en muchísimos años y, por tanto, siendo de titularidad de la Comunidad de Madrid, vamos a reconvertirlo, vamos a condicionarlo para que pueda ser un centro de menores donde puedan estar perfectamente atendidas como nos marca la ley", ha agregado.
Además, entiende que no se pueda dar una reversión, ya que se trata de "una instalación que fue cedida a la Comunidad de Madrid" y que "no ha sido reclamada en más de 20 años por el Ayuntamiento de Fuenlabrada".
"Por tanto, como es una propiedad, como es una instalación de la Comunidad de Madrid y tenemos el mandato legal de atender a los menores no acompañados, lo vamos a hacer en las mejores condiciones en esta finca, además de dotar a La Cantueña de otros muchos más servicios, también a disposición de los habitantes", ha añadido.
Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que espera que el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, "deje de situarse en una posición de rebeldía y que pare de boicotear estas instalaciones para estos menores, porque siguen llegando y nuestros recursos siguen tensionados". En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene "la obligación legal y moral de atenderles".
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