Comunidad traslada al Defensor del Pueblo reclamaciones sobre eléctricas y la "falta de información" sobre nueva normativa

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez de Sola, mostró hoy su preocupación por esta situación "que se está originando desde el Ministerio de Industria y el Ministerio de Consumo", en un escrito dirigido al Defensor del Pueblo en respuesta a un requerimiento de información ante las numerosas reclamaciones recibidas en su Oficina sobre las eléctricas, la subida de los precios y la "falta de información" sobre la nueva normativa.

En este sentido, recordó al Defensor del Pueblo que en la Comunidad ya se han recibido "miles de reclamaciones, en muchas ocasiones motivadas por una legislación técnica que ha ignorado las normas de protección de los consumidores".

La Comunidad de Madrid criticó hoy que las tarifas de la luz que fijó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, han vuelto a subir oficialmente un 2 por ciento en el mes de julio, "después de la subida del pasado mes de enero, cuya media fue del 21 por ciento, tal y como denunció la Comunidad de Madrid, frente al 4 anunciado por el Gobierno de España".

El Gobierno regional señaló que la legislación estatal, que ha entrado en vigor a lo largo de 2009, introduce una serie de cambios y subidas de la energía eléctrica en varios conceptos que, debido a su complejidad, está confundiendo a muchos consumidores. "La normativa aprobada por el Gobierno de la Nación permite incrementos que van desde el 5 al 25 por ciento, dependiendo de los distintos conceptos que se facturan, además del consumo real", precisó.

"DESCOORDINACIÓN" INTERMINISTERIAL

Asimismo, Martínez de Sola reiteró por escrito al Defensor del Pueblo la protesta realizada en la reciente Conferencia Sectorial de Consumo, ante la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez. Martínez de Sola reprochó a la ministra la "descoordinación" de su Departamento con el Ministerio de Industria en la gestión del cambio de tarificación eléctrica y la subida de las tarifas de los últimos meses, "cuestiones que están afectando directamente a los consumidores".

En este sentido, la Comunidad de Madrid solicitó que se determine la obligación de hacer las facturas más claras, "respetando, como marca la ley, el derecho de los consumidores a obtener una información suficiente y asequible sobre los conceptos que les están cobrando".

Además, el Gobierno regional considera que el ministro Sebastián debería explicar a los consumidores qué motivaciones le han movido a cambiar la facturación eléctrica de bimestral a mensual, "cuando ni las compañías eléctricas ni, evidentemente, los consumidores se benefician de dicho cambio".

"La Comunidad de Madrid ha denunciado en repetidas ocasiones que el cambio de facturación de bimestral a mensual a través de lecturas estimadas, que no beneficia a nadie, sólo pretendía encubrir una subida de la electricidad muy superior a la anunciada por el ministro Sebastián", indicó.

"CAOS" EN LA LIBERACIÓN Y SUBIDA DE PRECIOS

Martínez de Sola también denunció en la Conferencia Sectorial la "indefensión y confusión" que está generando en los consumidores la nueva normativa aprobada por el Gobierno de España, según la cual, a partir del 1 de julio, el suministro eléctrico se realiza por las empresas comercializadoras de electricidad.

"La información es insuficiente para el consumidor, que se ve obligado a consultar a cinco compañías comercializadoras de último recurso y a 24 comercializadoras de mercado libre para conocer la tarifa más conveniente a sus necesidades e intentar evitar la nueva subida de precios anunciada por el Gobierno", manifestó.

Las cartas que están enviando las compañías eléctricas explicando la nueva normativa no ofrece, según la directora, "información suficientemente clara" para tomar una decisión correcta, por lo que solicita de nuevo al Gobierno de España, responsable de la modificación legislativa, que realice una campaña informativa masiva para informar a los usuarios.

Más aún, considera que debería ser el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, en concreto el Instituto Nacional del Consumo, el que instara al Ministerio de Industria a informar convenientemente de estos cambios a los consumidores, "que no tienen por qué convertirse en expertos en tarificación eléctrica para elegir la opción más conveniente". "De hecho, la información confusa o insuficiente es uno de los motivos sancionables reflejado en la Ley General de Protección al Consumidor", afirmó Martínez de Sola.

Según explicó, dicha Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados a finales de 2007 "no es tenida en cuenta por el Gobierno que la propuso cuando legisla en cuestiones que afectan a la generalidad de los consumidores".