Actualizado 17/11/2015 11:09 CET

Condenan al Ayuntamiento a indemnizar a promotores de Alcalá 20 por rechazar la reapertura


MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido el derecho de la empresa promotora de la discoteca Alcalá 20 a ser indemnizada por el Ayuntamiento de Madrid, en una cantidad que será determinada en el momento de la ejecución de la sentencia, después de que el Consistorio rechazara la reapertura del local.

   El Consistorio, durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón, rechazó en 2005 la reapertura de esta discoteca, conocida por el incendio que sufrió en 1983 y que causó la muerte de 81 personas, suspendiendo la tramitación de las licencias en base a un informe del Departamento de Prevención de Riesgos, decretando el cese y el precinto de la actividad.

   Se da la circunstancia de que uno de los impulsores de ese proyecto fue el empresario Miguel Ángel Flores, imputado en el caso de la tragedia del Madrid Arena. De hecho, Flores reclamó al Ayuntamiento daños de imagen por el precinto de actividad de esta discoteca.

   La sección segunda de la sala Contencioso Administrativo TSJM revoca así la sentencia emitida en julio de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 19 en Madrid, tal y como adelanta este lunes el diario 'El País'.

   La empresa promotora reclamaba al Ayuntamiento 12,2 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial, más los intereses de demora, fundamentada en la "tardanza e irregularidades" en la concesión de la licencia de funcionamiento de la sala de fiestas. No obstante, el TSJM no fija aún cantidad y recalca que se fijará en el momento de la ejecución de la sentencia.

   La sentencia considera que la administración no podía denegar "de plano la licencia de funcionamiento para el caso de las obras de funcionamiento estuvieran ajustadas al proyecto licenciado, pero sí supeditar la licencia de funcionamiento a medidas correctoras que consideren de necesaria implantación".

   El fallo del TSJM expone que existe causa de indemnización, de acuerdo a lo dispuesto a la Ley 6/1998 sobre régimen del Suelo cuando se anulan los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente", como aprecia en este caso, pues la administración no podía denegar la solicitud de licencia pero sí supeditarla a implantación de medidas correctoras que considerara oportunas.

   Recuerda el criterio de la sala de 2009 que se exponía un caso en el que, una vez subsanadas las deficiencias, la administración "viene obligada a conceder la licencia de funcionamiento denegada".

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