Continúa la tramitación parlamentaria de la Ley de la Abogacía tras tumbarse la enmienda a la totalidad del PSOE

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid continúa su tramitación parlamentaria después de que el PP y Vox hayan tumbado la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE en la Asamblea regional.

Se trata de una norma que busca modernizar la organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos autonómicos. Entre sus principales novedades, establece que el Abogado General deberá pertenecer al Cuerpo de Letrados regional y acreditar, al menos diez, años de experiencia profesional.

Para defenderla, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que se quiere conseguir una mejora ordenación de la estructura de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y diferenciando entre el asesoramiento jurídico y los litigios.

"Una Abogacía que en este momento está realizando más de 8.000 contestaciones a consultas, que le realizamos tanto los ayuntamientos como la propia administración de la Comunidad de Madrid, y 14.500 pleitos en los que interviene. Estamos hablando de más de 22.500 asuntos tratados solo al año", ha afirmado.

Además, ha indicado que se dando cobertura a más de un centenar de municipios y once mancomunidades garantizando que puedan resolver sus cuestiones y ser garantes de la seguridad jurídica.

García Martín ha reivindicado que no van a convertir la Abogacía regional en lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido convertir la Abogacía General del Estado, al servicio de "los intereses de su familia o de su partido".

El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, entiende que la ley se tenga que actualizar, si bien ha cuestionado que la Comunidad impulsa una ley contra la hiperregulación pero sufra de una "hipertrofia legislativa".

"Los servicios jurídicos de cualquier administración pues son un servicio esencial, un derecho de las distintas actuaciones sometidas a consulta porque velan por el respeto del ordenamiento jurídico y porque garantizan que sus competencias se puedan ejercer con total seguridad y convicción de que se sitúan dentro del marco de la legalidad", ha trasladado.

MÁS MADRID: "UN BUFETE PERSONAL PAGADO POR TODOS"

Por su parte, el socialista José Luis García Sánchez ha defendido su enmienda a la totalidad afirmando que la presentan por varias cuestiones, la primera de ellas porque "aporta poco a la región".

Lo fundamentan también en que aprecian en la Comunidad la voluntad de "continuar el control que hacen sobre la Abogacía General de la Comunidad de Madrid". Ha señalado, entre otros, el anuncio de que se le había pedido estudiar querellarse contra las portavoces de la izquierda en la Cámara por sus afirmaciones sobre el ático de 6,3 millones comprado en Chamberí.

Por Más Madrid ha intervenido Esther Rodríguez, quien considera que esta ley lo que busca es "institucionalizar y legalizar la apropiación privada de lo público". "De los creadores del ático de lujo, pagado por todos para disfrute personal, llega ahora una nueva entrega, el bufete de abogados, pagado por todos para su defensa personal", ha planteado.

Considera la parlamentaria que defender a la institución es una cosa, pero "ponerla al servicio de quien manda es otra muy diferente" y que la Abogacía de la Comunidad no está para "pagar querellas" contra la oposición.