El actor, Luis Lorenzo, a su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana, en la Audiencia Provincial de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un agente de la Guardia Civil ha certificado este miércoles durante el juicio que se sigue contra Luis Lorenzo y su exmujer que las cuentas bancarias de esta última presentaban saldos mínimos antes del fallecimiento de su tía y al morir registraba un saldo cercano a los 8.000 euros.
La vista oral se ha retomado con la comparecencia del agente que realizó un informe patrimonial que también analizó la situación económica de la pareja y los movimientos de dinero realizados en los días previos y posteriores al fallecimiento.
En el informe se incluyó el hallazgo de unos 140.000 euros debajo de la cama de la entonces pareja. En aquella época, el actor cobraba una ayuda del sindicato de actores, sin más ingresos constatados por los investigadores.
Asimismo han comparecido varios médicos de Atención Primaria y de centros hospitalarios que atendieron a la tía Isabel antes de morir, indicando que la paciente sufría un deterioro cognitivo moderado y otros avanzado con medicación.
Además, según se desprende de sus testimonios, los médicos recetaban de forma paralela diferentes antispicóticos y antidepresivos sin control. En la autopsia, se detectaron cuatro tipos de psicofármacos, lo que llamó la atención de los forenses.
ACCESO A LAS CUENTAS
En su declaración, un agente de la Guardia Civil ha detallado que la cuenta de Isabel tenía unos 60.884 euro cuando llegó a Madrid y unos 70.000 euros que tenía en depósitos a plazo fijo en cuentas.
El informe patrimonial concluye que los acusados habrían obtenido "un beneficio económico mediante el uso de distintos artificios para acceder al patrimonio monetario e inmobiliario de María Isabel Suárez", según ha señalado el testigo.
De acuerdo con su declaración, las cuentas continuaron registrando salidas de capital hasta el 13 de julio de 2021 -- la mujer murió el 28 de junio--, alcanzando una cifra cercana a los 21.000 euros. Durante el examen de los movimientos bancarios, los agentes detectaron diversos gastos que consideraron relevantes.
Entre ellos figura una factura de microblading por importe de 80 euros, cuya factura aparecía debidamente justificada. Sin embargo, el informe destaca que el 13 de abril de 2021 se cargó un concepto similar que pasó de 80 a 800 euros, incremento para el que, según el testimonio prestado en el juicio, no se encontró una explicación documental.
Asimismo, el agente señaló que el 1 de junio se produjeron numerosas retiradas y cargos por importes de 260, 350, 235, 87 y 61 euros, dentro de una dinámica de continuas salidas de fondos de las cuentas de la anciana
La Guardia Civil también detectó lo que calificó como gastos duplicados, entre ellos unos 5.000 euros correspondientes al funeral, pese a que María Isabel tenía contratado un seguro de decesos. Según el agente, ese dinero fue transferido a una cuenta titularidad de Arancha Palomino.
Los investigadores sostienen que, una vez que los acusados tuvieron acceso operativo a las cuentas bancarias, comenzaron a realizar transferencias a cuentas de Palomino y retiradas de efectivo que, en conjunto, ascendieron a unos 6.000 euros.
Parte de esos movimientos fueron descritos por el agente mediante el término policial 'pitufeo', utilizado para referirse al fraccionamiento o reintroducción de capital previamente extraído mediante múltiples operaciones de menor cuantía.
El informe también recoge movimientos realizados los días 28 y 29 de junio de 2021, coincidiendo con el fallecimiento de María Isabel. Según la investigación, el día de la muerte se efectuó una transferencia de 1.800 euros y otra por la misma cantidad al día siguiente.
El agente añadió que, tras el fallecimiento, se detectaron compras de mobiliario, entre ellas varios armarios. Además, la cuenta de Palomino registró un saldo de cerca de 8.000 euros.
El juicio concluirá el próximo viernes con las declaraciones de los acusados y los informes finales. La fiscal solicita seis años de cárcel por un delito contra la integridad moral y uno continuado de administración desleal. La defensa, ejercida por los abogados Juango Ospina y Beatriz Uriarte, solicitan la absolución.