MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Sindicatos médicos y organizaciones sanitarias mostraron hoy su "decepción" y "sorpresa" por la decisión comunicada ayer por el Ministerio de Sanidad de no recurrir jurídicamente la Ley de Libertad de Médico y Área Única de la Comunidad de Madrid, después de que la ministra, Trinidad Jiménez, apuntara en este sentido a comienzos de la semana pasada.
En este sentido, el presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, manifestó, en declaraciones a Europa Press, que el hecho de que el Ministerio no recurra esta ley del Gobierno regional es "decepcionante" porque eran muchas las organizaciones de expertos que entendían que hay motivos "bastante razonables" para poder recurrirla, en la medida en que "rompe claramente con la integración de servicios que propugna la Ley General de Sanidad y acaba con el modelo zonificado y de áreas de salud que garantizan una relación entre la Atención Primaria y especializada".
No obstante, aseveró que FADSP continuará trabajando para evitar el desmantelamiento del sistema. "Ahora habrá que esperar que salga el desarrollo de la ley, para ver los términos en que se establece, pero la vía más rápida para evitar su implantación ha quedado paralizada", lamentó Sánchez Bayle, quien recordó que existen, no obstante, otras vías judiciales más largas para impugnar esta norma.
Por su parte, la secretaria de Sanidad de CSIT-UP, Elena Moral, dijo que éste ha sido "un palo tremendo" pues los profesionales tenían la esperanza de que el Ministerio planteara el recurso, tal y como anunció la propia Trinidad Jiménez el pasado lunes tras recibir a los responsables de Comisiones Obreras y UGT de Madrid. "Me parece una tomadura de pelo por parte del Ministerio. Nos han engañado porque han creado falsas esperanzas", añadió.
En este sentido, aseguró que continuarán con las movilizaciones, pero observó que éstas "le dan igual al gobierno regional", y lo cierto es que los trabajadores tienen "miedo". "No sabemos por dónde van a venir y con un gobierno como éste, no hay diálogo para debatir", agregó.
Del mismo modo, la portavoz de Sanidad de Comisiones Obreras, Ana González, también se mostró sorprendida por la decisión del Ministerio, pero consideró que en decisiones como ésta "se barajan situaciones políticas que están por encima de las puramente legales". "Lo respetamos pero no lo compartimos porque creemos que hay suficientes motivos como recurrirla, pero la partida no acaba aquí. Sanidad se ha comprometido a supervisar la aplicación de los decretos que desarrollarán esta ley. La lupa está situada sobre la Comunidad de Madrid y el Ministerio va a someter a control, supervisión e inspección todos los desarrollos reglamentarios bajo la exigencia de cumplir el marco de la legalidad vigente", planteó.
En este sentido, celebró la decisión del secretario general del PSM, Tomás Gómez, de mantenerse del lado de las organizaciones profesionales en este caso, pese a la decisión de su compañera de partido. "Creemos que si ha habido alguna decisión regional que ha aglutinado a todas las organizaciones sindicales de clase, profesionales y organizaciones científicas ha sido el área única. Todos nos hemos posicionado en contra", agregó.
Por su parte, el portavoz de Sanidad de UGT, Juan Luis Martín Sierra, dijo respetar la decisión de Sanidad, pero subrayó que la estrategia sindical se mantendrá, pues su argumentario "va más allá que las razones jurídicas". "Estamos convencidos de las razones jurídicas para llevarlo al Constitucional, que hubiesen resuelto la incompatibilidad de la norma autonómica y la ley estatal", añadió.
A su juicio, la Comunidad tiene un "estrategia de largo alcance" que pretende llevar a cabo con la sanidad un sistema de mercado y considerar "al paciente como un cliente". "No estamos de acuerdo con lo que dice el consejero de que la sanidad es una oportunidad de negocio, porque ello convierte a la persona enferma en una mercancía", sentenció.
"En ese contexto, el área única tiene un papel importante porque las áreas de hoy no son barreras de carácter administrativo pero impiden que una empresa privada pueda ampliar su área de acción", apuntó Martín Sierra, que puso como ejemplo que la nueva Ley permitirá que la empresa CAPIO, que tiene el hospital de Valdemoro, no limite el potencial de su negocio a los 120.000 habitantes del municipio sino a millones.
Por ello, UGT está determinada a emprender una campaña informativa para explicar qué es lo que el Gobierno regional está planteando en el fondo y los efectos a futuro de una ley como esta. Por ejemplo, es posible que con el nuevo modelo de gestión sanitaria podamos tener un centro referencia mundial, pero será en detrimento de la calidad del sistema sanitario en su conjunto, explicó. "Hoy tenemos la garantía de que podemos ser atendidos en términos similares en cualquier punto de la región", añadió.
Por su parte, la presidenta de Sermegen, Carmen Valdés, se mostró cauta al valorar la decisión del Ministerio y consideró que habrá que ver los tres reglamentos que se esperan, documentos que realmente desarrollarán la ley.
