Distrito Castellana Norte acusa al Ayuntamiento de no cumplir los plazos

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Distrito Castellana Norte, empresa encargada de llevar adelante la 'Operación Chamartín', ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de no cumplir los plazos administrativos marcados en la normativa --han pasado más de diez meses desde que el Consistorio debería haberse pronunciado sobre el Plan Parcial-- y de crear una vía paralela no prevista en la Ley del Suelo, en referencia a las Mesas de debate, donde se está analizando la viabilidad del proyecto.

Así consta en el escrito que la compañía, controlada por BBVA y Grupo San José, ha presentado este martes en el Registro del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid después de haber decidido levantarse de la última mesa de debate, celebrada este lunes.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Distrito Castellana Norte recuerda que presentó a tramitación en ese Ayuntamiento el 23 de enero de 2015, como planeamiento de iniciativa particular, el Documento de Revisión del Plan Parcial para el proyecto de Prolongación de la Castellana.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión de 19 de febrero de 2015, adoptó el acuerdo de admitir a trámite y aprobar inicialmente la revisión del PPRI, "sin que ni de los 48 informes emitidos ni de la Evaluación Ambiental Estratégica resultara circunstancia obstativa alguna que significara un impedimento para la aprobación definitiva de la Revisión".

Dada la paralización "de facto del expediente" de aprobación de la Revisión del Plan Parcial, pendiente de elevación al Pleno de la Corporación desde el pasado mes de mayo de 2015, la compañía recuerda que ha presentado en distintas ocasiones "su discrepancia" con la celebración de las mesas de debate.

Estas, como señalan, han sido convocadas por el concejal responsable del Área de Urbanismo, José Manuel Calvo, "al margen del procedimiento legalmente establecido para la aprobación de los Planes, con la confesada intención de replantear ab initio la ordenación global del ámbito".

Todo ello para, entre otras alteraciones, reducir considerablemente la edificabilidad reconocida por el Plan General vigente y eliminar infraestructuras previstas en él para la realización del interés general, "objetivado fundadamente respecto a cada una de las infraestructuras en la Modificación Puntual del PGOU aprobada el 27 de septiembre de 2002 por la Comunidad de Madrid, que, como se ha dicho, constituye el planeamiento vigente aprobado en su día por iniciativa del propio Ayuntamiento de Madrid".

Para la empresa, estas actuaciones mencionadas constituyen una "vía paralela carente de cobertura legal puesta en práctica por el Área de Urbanismo para desvirtuar" lo realizado por la empresa con arreglo al Plan General vigente en el expediente de planeamiento en curso, "hasta el punto de paralizarlo sine die y dejarlo de hecho sin efecto".

INDEFENSIÓN

En términos generales, la compañía entiende que esta actuación por parte del Ayuntamiento de Madrid "infringe claramente el Plan General vigente" y genera "indefensión" a la misma, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, "como administración pública debe servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y el derecho".

También valoran que en estas mesas que se están desarrollando se pretende cuestionar el Plan General "cuya determinación no corresponde al Ayuntamiento de Madrid, por tratarse de materia reservada legalmente a la competencia de la Comunidad de Madrid", que es la encargada de aprobar las modificaciones puntuales.

Asimismo, hace referencia a la actuación de los funcionarios municipales que intervinieron durante la tramitación de la revisión y en las mesas de debate. Les llama la atención la "aparentemente contradictoria actuación de los técnicos municipales participantes en la mesa".

Y es que, como han señalado, en el ejercicio de sus respectivas funciones emitieron en 2011 el informe técnico con la elevación al Pleno de la propuesta definitiva del Plan parcial, para la modificación puntual en 2012, y donde se recogía la "misma edificabilidad y las mismas infraestructuras que ahora proponen reducir y suprimir".