MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) ha asegurado que ni la propia entidad ni ninguna de las empresas asociadas han cometido ninguna infracción de la normativa de competencia, a pesar de haber sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al tiempo que ha negado los "sobrecostes" en los libros de texto que quiere denunciar la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos en una demanda colectiva.
"Como hemos mantenido desde el inicio de la investigación abierta por la CNMC, ni ANELE ni ninguna de las empresas asociadas han cometido infracción alguna de la normativa de competencia", ha puesto de manifiesto ANELE en un comunicado, al tiempo que ha negado haber participado en prácticas prohibidas por el art. 1 de la Ley 15/2007 y el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Asimismo, ha señalado que la resolución de la CNMC por la que sanciona a una treintena de editoriales "ni es firme ni está debidamente fundada e incurre en deducciones erróneas, arbitrarias, irracionales y absurdas", y ha precisado que, por ello, tanto la Asociación como las empresas sancionadas por la CNMC han decidido recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
"Confiamos plenamente en que los tribunales declararán su nulidad", ha afirmado ANELE, para señalar que "por todo ello" no se han producido "daños o perjuicios a las familias", sino que "de los propios datos manejados por la CNMC y aportados por las partes, objetivos y comprobables, resulta que, tras la adopción del código ético, el gasto medio en libros de texto por alumno se ha reducido".
En este sentido, ANELE sostiene que "el precio medio de los contenidos educativos se redujo de forma más que sustancial", ya que "frente a un incremento acumulado cercano al 15 por ciento durante el periodo 2006-2012, con anterioridad a la aprobación del Código Ético, el incremento del precio de los libros tras el desarrollo del referido código (2012-2018) apenas ha sido del 1 por ciento pese a la inflación y al desarrollo de nuevos proyectos editoriales tras la LOMCE, según ha explicado.
Así, ha defendido la "eficiencia evidente y demostrable" de dicho Código Ético, con el que considera está relacionada la resolución de la CNMC, que, como ha destacado, "en ningún momento ha sancionado a las editoriales por el 'sobrecoste' en los libros, que ni cuantifica
ni resuelve nada al respecto".
"Desconocemos de dónde salen las cifras manejadas por la FAPA ya que no responde a las cifras recogidas en ningún informe oficial. Además, hay que señalar que en España el precio de los libros de texto en la enseñanza obligatoria es libre y es el detallista el que marca el
precio final de estos libros", ha apuntado la asociación de editores.
En cuanto al Código Ético, han argumentado que "además de ajustarse a la normativa que regula el sector, está fundado en recomendaciones de organismos internacionales de prestigio como el Instituto Internacional
de Planeamiento de la Educación (IIEPE) de la UNESCO, que reprueban el fraude en la distribución y adquisición o selección de libros de texto a través del 'cohecho, regalos, favoritismo' y que abogan por pactos de integridad", como el aprobado por ANELE "para mejorar la transparencia y garantizar que se seleccionan los mejores recursos, de mejor calidad y al mejor precio".
En la misma línea, han incidido en que "el Código de Conducta sigue, igualmente, las prácticas establecidas por códigos similares aprobados en otros países (como en Italia o Estados Unidos), o de otros sectores que cuentan con una comercialización por prescripción similar, como el farmacéutico; y responde al interés general de erradicar prácticas nada éticas, y tipificadas penalmente, como la solicitud o entrega de regalos, obsequios y productos de todo tipo a los docentes y centros de
enseñanza como contrapartida a la selección que, cada año, realizan de los libros de texto que deben utilizar los alumnos".
Por todo ello, la asociación de editores considera que "se puede afirmar, pues, que se sanciona al sector por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza".
